Este acuerdo supondrá una inversión de 600 millones de pesetas, a cargo del presupuesto de prestaciones técnicas del Inserso, que inicia, de esta forma, un programa de eliminación de barreras en el acceso a los medios de transporte por parte de personas afectadas por alguna discapacidad física.

Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Sevilla tendrán preferencia a la hora de solicitar etas ayudas, "dadas las características urbanísticas y los acontecimientos que en 1992 van a protagonizar estas ciudades", afirma el convenio.

Ambas instituciones pretenden facilitar a través de esta iniciativa el desenvolvimiento en su entorno de los colectivos con dificultades de movilidad.

La FEMP se compromete a establecer los contactos con los ayuntamientos para recibir las solicitudes de las corporaciones locales que quieran acceder a estas ayudas, a canalizar las aportaciones que se establecan en cada caso y a presentar los justificantes al Inserso.

NECESIDADES REALES

Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) en 1989, el 30 por ciento de la población discapacitada asegura necesitar diariamente un medio de transporte para desarrollar su actividad.

En cuanto a la posibilidad de utilización del transporte público, el 27 por ciento de los encuestados asegura no poder acceder a él y un 19,6 por ciento manifiesta que puede utilizarlo sólo sivan acompañados de otras personas.

El medio público es la modalidad de transporte que más utilizan las personas afectadas por minusvalía. Le siguen los vehículos particulares o de alguna institución privada, con un 22 por ciento, y el taxi, con un 16,7 por ciento. Prefieren ir a pie (con muletas o sillas de ruedas) un 15 por ciento de los minusválidos.

Según el director general del Inserso, Rodríguez Castedo, el acuerdo beneficiará también a unos 5 ó 6 millones de personas no minusválidas, fundamntalmente de la tercera edad, que tienen grandes dificultades para acceder a los medios públicos de transporte.

Por su parte, el presidente de la FEMP, Rodríguez Bolaños, indicó que esta iniciativa se enmarca en una segunda fase de acción municipal, tendente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, después de haber atendido en la primera etapa de ayuntamientos democráticos las necesidades más prioritarias.

Finalmente, la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, afirmó que su departmento invirtió en 1990 unos 1.500 millones en la eliminación de barreras y para 1991 espera dedicar 1.700 millones, aproximadamente.