En rueda de prensa, la secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, alertó de que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en materia sanitaria y farmacéutica suponen “importantes recortes” en prestaciones y servicios, hasta el punto de impactar negativamente en la salud de los ciudadanos, especialmente de los pensionistas.

La obligación para todos ellos de adelantar el 10% del precio de los medicamentos, aunque posteriormente la administración les devuelva el exceso sobre el tope fijado en función de la cuantía de su pensión, hará que muchos de ellos dejen de comprar los medicamentos, alertó.

En otros casos, explicó Jiménez, los médicos optarán por recetar otros medicamentos sustitutos que sí estarán financiados pero que serán más caros para el sistema.

Dicen desde el PSOE que esa exclusión de medicamentos se ha aprobado sin contar con la comunidad científica, médicos ni farmacéuticos, y algunos de ellos son “imprescindibles para el tratamiento de determinadas patologías”.

Se muestran por ello convencidos de que la exclusión tendrá impacto en la salud de los ciudadanos y que, en todo caso, no proporcionará a las arcas públicas el ahorro esperado, porque los médicos recetarán otros o el empeoramiento de la salud de los pacientes comportará otras atenciones.

Con su proposición de ley, los socialistas quieren que los titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria sean de nuevo “todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional” en los términos previstos en la ley de 2000.

Además, recupera la definición de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en los términos de la redacción original de la Ley de Cohesión y Calidad para anular la reducción de prestaciones aprobada por el Gobierno.

Los socialistas denuncian que la reforma del Gobierno “ha derogado tácitamente” los preceptos de la Ley General de Salud Pública sobre extensión de asistencia sanitaria, dejando sin cobertura directa a quienes no tengan vinculación con la Seguridad Social, así como a los extranjeros sin permiso de residencia.

Por ello, la proposición de ley que presentan “repone la situación jurídica previa” a las medidas del Gobierno en ese terreno y pretende culminar la universalización de la cobertura sanitaria pública.