Según se informa en la revista de la oficina del Defensor, esta actuación se puso en marcha tras recibir un escrito del decano del Colegio de Abogados de Córdoba, en el que remitía el oficio recibido en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

A través de este oficio, la Junta andaluza comunicaba a los colegios de abogados de esta Comunidad que se suspendía este servicio de asesoramiento jurídico a las personas que se encuentran internas en los centros penitenciarios de Andalucía.

La Junta andaluza apuntaba como motivo para la suspensión del Soajp que el Ministerio del Interior no hubiera firmado la prórroga del convenio que lo regula. Por este motivo, al Institución se ha dirigido al citado Ministerio para conocer el estado de tramitación de dicha prórroga.

En su escrito, el decano de Córdoba apuntaba que la suspensión de este servicio acarreará graves perjuicios en el derecho de defensa de las personas que se encuentran en prisión. A través del Soajp, la población reclusa en Andalucía puede hacer consultas acerca de visitas, permisos, libertad condicional o asuntos relativos a la Seguridad Social.