El responsable de relaciones exteriores de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos, Abdelhamid Amine, declaró a Servimedia que en las últimas décadas más de 200.000 personas han muerto en su país y 10.000 han desaparecido por la sospecha del Gobierno de que pertenecían al Frente Islámico de Salvación, opositores al régimen gubernamental.

Amine añadió que el Ejecutivo "se ha lavado las manos" ante esta tragedia y comentó que el proyecto de reconciliación aprobado por el Gobierno de Abdelaziz Buteflilka en 1999 ha indemnizado económicamente a algunas familias de las víticmas, "pero no ha condenado a los verdugos".

También denunció la falta de derechos como la libertad de expresión, de circulación y sanitarios, y denunció las detenciones ilegales de personas por parte de los servicios militares argelinos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

MAURITANIA

Por su parte, Amadou Alassane Mbow, secretario general de la Asociación Mauritana de Derechos Humanos, comentó a Servimedia que entre 1986 y 1990 los "supuestos" golpes de Estado en ese país han provocado la muerte a más de 500 militares negros. En 2003 fueron arrestados y torturados 50 militares árabes-bereber y en 2004 se registró un arresto "masivo" de islamistas, que fueron torturados y encerrados.

Amadou Alssane también denunció que el golpe de Estado del pasado año ha agravado la deteriorada situación de la libertad de expresión y de circulación en el país, así como de los derechos sociales y culturales.

TÚNEZ

Fathia Hizem, responsable de Información del Comité Director de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, declaró a esta agencia que de las 9.535 asociaciones sociales de Túnez, sólo dos son reconocidas oficialmente por el Gobierno y al resto se niega a legalizarlas.

Hizem lamentó la "grave" situación de la libertad de asociación y expresión en su país, donde varios periodistas han sido condenados a penas de cárcel y otros han sido torturados. También comentó la intromisión del Gobierno en la magistratura, y la también "grave" situación de los derechos laborales en las cuencas mineras del país, donde los mineros son reprimidos en sus protestas.

MARRUECOS

Por último, Abdelhamid Amine, vicepresidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, aseguró que "en Marruecos no estamos ni en democracia, ni en un Estado de Derecho", y añadió que la Constitución de su país es "autocrática" y "teócratica", lo que provoca que algunas leyes, como la de partidos políticos y la de símbolos, entren en contradicción con la Convención Internacional de los Derechos Humanos.

También denunció las cuatro enfermedades de la Justicia en Marruecos: falta de independencia, corrupción, incompetencia y conservadurismo en relación a la familia, así como el incremento de presos políticos, la falta de libertad de prensa, la alta tasa de alfabetización (situada en el 40%), la no aplicación del Código de Trabajo por parte de las empresas y la falta de igualdad entre hombres y mujeres, que coloca a este país en el puesto 114 de un total de 124.