En una entrevista publicada en el número 464 del boletín semanal del propio Cermi insiste en que “no hay motivos para la oposición” y explica que “se trata de una modificación constitucional que mejora el país, que eleva nuestros parámetros de decencia colectiva, y que refuerza la propia Constitución”.

Subraya que si bien “se ha de actualizar la terminología que utiliza para designarnos que claramente está desfasada, sobre todo se debe alinear el contenido del artículo con el enfoque exigente de derechos humanos que sobre esta realidad se ha impuesto internacionalmente en los últimos tiempos”.

“La opinión pública se ha quedado con este cambio terminológico, desterrar ‘disminuidos’ y trocarlo por el único admisible, ‘personas con discapacidad’. porque es lo más visible”, explica. Sin embargo, pone énfasis en que “la reforma va mucho más allá de este cambio”.

Según el Cermi, este es el momento de “asumir sinceramente la inclusión de las personas con discapacidad como asunto de primera importancia constitucional”. Desde el Cermi Estatal saben que no es tarea sencilla. Luis Cayo Pérez Bueno comenta que “el actual clima de fractura política, de partidismo exacerbado, de precariedad incluso en los consensos básicos, obstaculiza que algo tan debido, tan procedente, tan oportuno se produzca con naturalidad”.