En concreto, este acto, que es el tercer año que se realiza, no contará con la presencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Voces contra el Terrorismo (VCT) ni el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite).

Desde la AVT y VCT se explicó a Servimedia que no estarán presentes en la Cámara Baja porque no se dejará hablar a las víctimas y por la legalización de Sortu. A su vez, desde Covite se indicó que el hecho de que el acto fuera en Madrid y en medio de la semana hacía muy difícil que esta asociación estuviera representada.

Sí estarán presentes otras organizaciones, como la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite). Esta entidad ha asegurado que acudirá al homenaje, pero pedirá al Gobierno “mayor celeridad” en ciertas medidas económicas y asistenciales referidas a las víctimas del terrorismo.

El programa oficial del acto contempla que la “sesión solemne en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo” comenzará a las 13,30 horas, una vez que los invitados se hayan situado en las tribunas.

LEGALIZACIÓN DE SORTU

A esa hora, se llevará a cabo una “sesión solemne” en el hemiciclo de la Cámara Baja, que consistirá en un “discurso del señor presidente del Congreso de los Diputados” y en un “minuto de silencio”. Finalmente, a las 13,45 horas, se llevará a cabo un “encuentro de todos los asistentes en los salones de la planta baja del Palacio”.

Este programa del homenaje ha dado lugar a que la AVT anuncie que no acudirá. Ángeles Pedraza, presidenta de esta asociación, ha señalado que este acto del Congreso vuelve a no dar la palabra a las víctimas, por lo que esta organización, mayoritaria entre las víctimas, no estará este miércoles en la carrera de San Jerónimo.

Asimismo, la plataforma VCT, que lidera Francisco José Alcaraz, tampoco estará en la Cámara Baja, puesto que consideran que la “clase política”, al no haber renovado antes el Tribunal Constitucional, es responsable última de que se haya legalizado la formación abertzale Sortu.

El responsable de VCT alude al hecho de que cuatro de los magistrados del Constitucional que han decidido legalizar Sortu están en funciones, lo que supone que ya hace tiempo que deberían haber sido relevados de sus cargos. La renovación de este tribunal debe ser acordada por las formaciones políticas.