El máximo órgano judicial rechazó el recuso presentado en 2001 por el Gobierno de José María Aznar y respaldó el impuesto a las grandes superficies que aprobó la Generalitat de Cataluña, una decisión que “avala las tesis de UPTA” que desde hace una década “viene pidiendo la aprobación de un impuesto a las grandes superficies que redunde en beneficio del comercio minorista”, apuntó la organización de autónomos.

UPTA señaló que siempre ha defendido que “la proliferación de grandes superficies, por su modelo deslocalizador y su sistema de contratación, afectaba a los rendimientos y la estructura del modelo de comercio mediterráneo”.

En este sentido, ejemplificó la afirmación apuntando que desde la aprobación de la Ley Ómnibus, por la que se permitió la instalación de grandes superficies sin la necesidad de emitir informes socio económicos preceptivos, “más de 11.000 empresas comerciales minoristas y más de 35.000 trabajadores autónomos del comercio han desaparecido”.

Con la sentencia del TC, se podrá modificar la Ley Ómnibus o de liberalización de servicios, así como su aplicación en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin), y las adaptaciones en las comunidades autónomas, explicó el secretario de política sectorial de UPTA España, César García.