El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó este lunes en la sede de su departamento el convenio que ha firmado sobre este asunto con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

El ministro destacó que su equipo se encontró al llegar al Ministerio con un total de 400.000 expedientes de nacionalidad por resolver. Se da la circunstancia de que anualmente se presentan 150.000 solicitudes para ser español, mientras que Justicia sólo tiene capacidad para resolver 120.000 peticiones por ejercicio.

Según Gallardón, esto ha dado lugar a que en los últimos años se haya acumulado un “atasco” de 400.000 expedientes de nacionalidad, solicitudes que ayudarán a tramitar los registradores de la propiedad.

El ministro remarcó que los registradores se encargarán de procesar las solicitudes, pero las decisiones sobre la nacionalidad la seguirá tomando Justicia. Para resolver los expedientes acumulados habrá un plazo máximo de un año.

A este respecto, Gallardón agradeció la colaboración de los registradores y destacó que no recibirán compensación económica por esta actuación. Asimismo, el ministro señaló que con la colaboración de estos profesionales se incorporará un “criterio de excelencia” en la gestión de las nacionalidades.

La colaboración de los registradores de la propiedad en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad se llevará al mismo tiempo que Justicia destina 1,1 millones de euros informatiza y digitaliza los expedientes de nacionalidad. También se destinarán los medios humanos necesarios para que los casos pendientes estén resueltos en un año.