Rodríguez González explicó a Servimedia que, en primer lugar, el artículo 81 de la Constitución establece que las materias que afecten a derechos fundamentales, como el del secreto de las comunicaciones, deben regularse por ley orgánica, y no por "normas de bajo nivel del Ministerio de Industria", como ocurre ahora con Sitel.

No obstante, precisó que el sistema "en sí mismo no es ilegal. Es como la tecnología nuclear, un arma o una cámara de televisión. Sólo si es usa mal es contraria a la ley. Técnicamente, Sitel puede utilizarse conforme a las leyes, pero "también puede usarse de forma distinta a como está previsto y que este uso pase inadvertido".

En cualquier caso, el profesor aclaró que no tiene constancia de que este uso fraudulento esté teniendo lugar".

Eso sí, si se hiciera, Rodríguez González advirtió que "Sitel es preocupante", porque "capta unos datos personales que no captaba el sistema antiguo"; tiene "una calidad de grabación espectacular", un servidor central que "almacena la base de datos durante años" y una "posibilidad de cruzar datos con otros ordenadores antes no existía"; y, además actúa de modo "casi autónomo", cuando antes sólo podía hacerlo a través de las operadoras. "Se dice que ha costado casi 40 millones de euros", reveló. "Técnicamente es una pasada".

Sin embargo, este experto considera que una ley orgánica neutralizaría los peligros de tal tecnología. Por un lado, acotando legalmente su empleo, los funcionarios policiales, que "han aprendido que actuar al margen de la ley sale caro" (dijo, en referencia al caso GAL), "cuando no hay legislación" pueden actuar libremente, "no en la ilegalidad, sino en la falta de legalidad". En cambio, "no van a hacer lo que está prohibido". "Una ley orgánica son garantías a los ciudadanos", sentenció.

Por otro lado, la ley estipularía qué agente policial se ha encargado de la grabación, "como ocurría antes". Así, habría alguien a quien pedir cuentas si proporcionara al juez una información parcial. A este respecto, Rodríguez González cree que "el PP tiene razón" en que ahora la policía le proporciona al juez "un extracto" y no "la conversación íntegra", como sucedía antes de Sitel.

Otro aspecto que el profesor considera que "la ley debe delimitar" es "el tiempo de uso de la información que se tiene almacenada, porque lo contrario puede dar pie a abusos oportunistas". Finalmente, Rodríguez González estima que Sitel debe someterse a discusión en la sociedad, porque hasta hace poco "la gente ni sabía que existía", al no haber una norma que autorizara su inicio."Que haya debate público es fundamental", concluyó.