Conde-Pumpido compareció en la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuestos del Parlamento catalán, donde cosechó el respaldo de la mayoría de los grupos a su propuesta de establecer un fondo de garantía para proteger los derechos de los clientes ante eventuales nuevas quiebras de compañías y que “haya una respuesta inmediata y no años después”.

Denunció que desde el primer momento, los pasajeros hubieron de afrontar una situación de “completa desprotección” por parte de los poderes públicos, pues aunque la reglamentación europea contempla compensaciones por la suspensión de vuelos, no fue esta la salida dada a los afectados de Spanair, algunos de los cuales hubieron de soportar precios muy elevados por billetes alternativos.

El portavoz de esta asociación de afectados trasladó a los grupos parlamentarios que “cuando se juega con dinero público”, y Spanair era una compañía cuyo principal accionista era la Generalitat de Catalunya, “existe un plus de responsabilidad”, razón por la que “no podemos hacer un cierre bananero, abrupto, que deja imágenes en los aeropuertos de gente tirada a su suerte, que proyecta una imagen de España que no es la que queremos dar”.

Conde-Pumpido advirtió que la legislación española actual “no protege” a los usuarios en cuanto a las reclamaciones en masa, dado que las acciones colectivas requieren de una serie de requisitos y de gastos “excesivos” que “hacen inviable esa reclamación”.

Significó que el sector turístico en España y en Cataluña es unos de los principales motores de la economía, por lo que reclamó de las administraciones “mayores esfuerzos para que la imagen de ese sector no se vea perjudicada”, al tiempo que medidas para que no tengamos un reglamento europeo “que quede en papel mojado”.

En su opinión, “lo que daña la imagen no es tanto la quiebra de una compañía aérea”, y comentó el caso de American Airlines, en quiebra pero que sigue operando, “sino el cierre abrupto que deja tirados a los pasajeros”. En este sentido, pidió “fórmulas que permitan las acciones colectivas sin necesidad de que miles de afectados tengan que hacer uno a uno un poder notarial para reclamar”.

De las explicaciones que en su momento ofreció el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, Conde-Pumpido llega a la conclusión de que la decisión de cerrar la compañía “no fue del Consejo de Administración sino de la propia Generalitat, cortando el grifo y sin posibilidad de seguir”. “La pregunta es cómo no se previó que hubiese una garantía para esos viajeros y no se produjeran esas imágenes de pasajeros tirados en los aeropuertos”, denunció.

En conversación posterior con Servimedia, Conde-Pumpido señaló que, según sus cálculos, el agujero económico de la aerolínea superará los 500 millones de euros, y que el activo declarado, de unos 120 millones, “no vale nada”. A su juicio, no va a haber dinero para nadie a no ser que se produzca una declaración de culpabilidad por parte del Consejo de Administración, cuyos miembros responderían con sus bienes.

CONFORME CON EL FONDO

Las reclamaciones de Conde-Pumpido, y en particular la idea del fondo de garantía para proteger a los pasajeros recibió el apoyo inicial de los grupos parlamentarios. Josep Maria Sabate, portavoz del PSC, felicitó al portavoz de esta asociación de afectados, porque “nos recuerda que los mercados son personas”, mientras que aseguró hacer suya la propuesta del fondo.

Para el portavoz del PP, José Antonio Coto, es evidente que “hay un responsable público y que el Govern no puede dejar en una “situación de indefensión” a unos clientes de una compañía “que era ayudada con el dinero de todos los catalanes”. “Es importante que ahora no queden esos clientes absolutamente desamparados”, arguyó.

Joan Boada, portavoz de ICV-EUiA, coincidió con Conde-Pumpido en que tanto el Consejo de Administración de la compañía como la propia Generalitat conocían del cierre inminente de Spanair “y sin embargo se siguió vendiendo billetes”. Lamentó que no se hubiera hecho, por tanto, “un cierre ordenado” con lo que “nos habríamos evitado estos problemas”.

Por ERC, su portavoz, Sergi de los Ríos, atribuyó parte de lo sucedido al modelo centralizado de Aena, que sólo es compartido en el ámbito europeo por el de Rumania. “Ahí es donde radica el problema real”, dijo, pues “cuando intentas que un aeropuerto como el de Barcelona se convierta en un hub internacional pero ese modelo sólo apuesta por Madrid-Barajas, ahí es cuando el anterior gobierno apuesta por una compañía propia que nos permitiría optar a ese hub, y ahí radica el problema”.

Jordi Cañas, de C,s , denunció haber pedido sin éxito en esa misma comisión la comparecencia de los responsables políticos catalanes en torno a Spanair, en tanto que Monserrat Ribera, la portavoz de CiU, admitió que, “efectivamente, no debiera haberse vendido billetes”, pero apuntó que aquello que se hizo fue más responsabilidad de los administradores que de la Generalitat, que era solo un accionista”.