Mato hizo esta afirmación en el Pleno de la Cámara Baja, donde se enfrentó a una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) sobre cómo piensa propiciar el Ejecutivo una atención adecuada a las personas en situación de dependencia en tiempos de crisis.

La titular de Servicios Sociales afirmó que los cuatro grupos de trabajo creados por Gobierno y comunidades autónomas el pasado mes de abril en el Consejo Territorial de Dependencia ya tienen listas sus conclusiones, por lo que falta sólo presentarlas al Pleno de este órgano, lo que pretende hacerse en las próximas dos semanas.

Puesto que la aplicación de la norma ha supuesto en la práctica priorizar las ayudas económicas sobre los servicios y dejar un poco de lado la red de servicios sociales, explicó Mato, la reforma tratará de revertir estas situaciones.

Otra conclusión a la que parecen haber llegado los grupos de trabajo, según explicó la ministra, es que hay que "priorizar" los pocos recursos existentes entre los que más los necesitan, es decir, atender antes a los grandes dependientes que al resto de beneficiarios recogidos en la norma.

De igual forma, la modificación del Saad supondrá, tal y como anunció la titular de Servicios Sociales, garantizar una mayor equidad a todos sus usuarios, tanto en la atención como en el copago que deban hacer por los servicios que reciban.

La ministra reiteró que la ley presenta desfases entre las previsiones de financiación y de beneficiarios y los resultados reales y que, por tanto, su modificación tratará de subsanarlas, en la medida de lo posible.

Tras escuchar el anuncio de Mato, Carles Campuzano, portavoz adscrito de CiU en la Comisión de Servicios Sociales en el Congreso, le recomendó que utilice la reforma para crear puestos de trabajo y que convenza al sector económico del Ejecutivo de que la atención a las personas en situación de dependencia puede servir para crear empleo.

Y es que, dijo, la ley "no está creando la ocupación que necesitábamos", ni tampoco coordinando como debería los servicios sociales y sanitarios.

También "lejos" de lo previsto en la ley se ha quedado en realidad, en opinión de CiU, el Sistema de Dependencia en el ámbito de la autonomía personal, que pese a estar previsto en la norma, casi no se ha desarrollado.

Campuzano dijo no entender que el Ejecutivo, "unilateralmente", haya decidido aplazar la incorporación al sistema de los últimos colectivos previstos en la ley, ni tampoco que haya suprimido el nivel de protección acordado entre el Estado y las comunidades autónomas.

Por todo esto, el representante de CiU pidió a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que la reforma sirva para crear empleo y para ayudar a resolver los problemas que tienen actualmente las comunidades autónomas para ponerla en práctica, ya que las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno no lo han conseguido.