Para Cava de Llano, un sistema efectivo podría ser, por ejemplo, un código de colores sencillo e intuitivo, como los que utilizan los semáforos, en el que el verde indicara un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto.

Según explica el Defensor del Pueblo, se trataría de que las entidades comercializadoras elaboren una ficha informativa para cada producto antes de su distribución entre el público.

Además, considera que la protección al cliente debería completarse con la elaboración de un contrato tipo de intermediación en la compraventa de productos financieros en el que se deberían incluir los avisos de riesgo.

Con esta propuesta, la defensora pretende que cualquier inversor, con independencia de su formación, disponga en el momento de la firma de la ficha informativa del producto y el contrato tipo predispuesto por la CNMV, en el que justo encima del lugar reservado a la firma del cliente, se recogiera el aviso de riesgo sobre la peligrosidad del producto.

En opinión de la institución, la libertad de creación de productos financieros y el acceso del público a los mercados crea el riesgo de adquirir productos no adecuados y refuerza la necesidad de proteger al inversor.

Además, denuncia que “la práctica ha demostrado que los deseables parámetros de claridad y transparencia que deben presidir las relaciones entre las entidades y sus clientes no siempre se dan”.

De hecho, afirma que ha habido casos de distribución abusiva de productos complejos de alto riesgo entre inversores minoristas, cuyo caso más notorio es el de las participaciones preferentes, que siendo híbridos financieros de alto riesgo, se han distribuido en muchos casos como si fueran depósitos.

Los supervisores financieros de Reino Unido, Bélgica y Portugal ya trabajan en esta línea, después de que la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) esté estudiando una metodología para clasificar los diversos instrumentos financieros, con el fin de poder avisar a los inversores sobre aquellos productos que pueden constituir una seria amenaza para su patrimonio, pudiendo llegar a prohibir temporalmente la comercialización de los mas complejos y arriesgados.

En la actualidad, ell Defensor del Pueblo tiene abierta una investigación de oficio ante la CNMV tras recibir numerosas quejas de pequeños ahorradores que denuncian que bancos y cajas les vendieron participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información.