El Pleno se iniciará a las 11.00 horas y en él participarán 15 magistrados. El Supremo ha decidido dejar fuera de esta reunión al magistrado Francisco Monterde, para que, si se admite a trámite la querella, pueda ser nombrado instructor de la causa y no se vea contaminado. Fue la Sala de Admisión del Supremo la que decidió el lunes dejar el caso en manos del Pleno.

La querella, presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, atribuye a Dívar delitos de estafa, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, unas figuras penales que conllevan penas de prisión e inhabilitación.

Preeminencia del Derecho decidió este martes ampliar la querella que tiene presentada contra el presidente del Tribunal Supremo por otros 12 viajes que el máximo representante del Poder Judicial habría cargado a las cuentas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esta forma, además de los 20 viajes que Dívar realizó a Marbella (Málaga) por valor de casi 13.000 euros, los querellantes le acusan de haber cargado otros 15.185 euros a las cuentas del CGPJ por desplazamientos a destinos como Bilbao, Santiago de Compostela, Barcelona o Palma de Mallorca, realizados en fines de semana entre el octubre de 2008 y julio de 2011.

POSICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía pidió la semana pasada al Supremo que rechazase la querella. En el escrito presentado el pasado viernes en el Alto Tribunal, firmado por el teniente fiscal del Supremo Juan José Martín Casallo, aseguraba que Dívar “fue acomodándose, caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar”.

El Ministerio Público afirmaba en su escrito que los hechos atribuidos a Dívar en la querella “no son constitutivos de delito alguno”. El fiscal admitía sin embargo que las actividades de Dívar, como presidente del Supremo y del CGPJ, “presentan unos límites imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada”.

Martín Casallo se remitió además a los argumentos que ya utilizó para archivar el pasado 21 de mayo las actuaciones abiertas contra el presidente del Alto Tribunal en el seno de la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez.

El informe de la Fiscalía, como en aquella ocasión, destacó que la normativa del CGPJ que regula los viajes de sus miembros, que data de 1996, permite justificar los gastos de los viajes de los vocales sin necesidad de hacer constar el motivo del desplazamiento.