Ángel Gabilondo ha pedido que se investigue “si constaba denuncia por parte de la madre para sí misma, para su hija o para ambas, si se había producido algún tipo de intervención policial para la protección de la menor y en dicho caso, si se había elevado el correspondiente informe al Ministerio Fiscal”.

También se ha preocupado por “si se conocía denuncia por parte del colegio o de cualquiera de los educadores que tuvieran contacto con la niña de una posible situación de riesgo, y si de alguna forma -bien durante el proceso de ruptura de la pareja, bien en cualquiera de las revisiones del convenio regulador que hubieran podido darse con posterioridad- hubo constancia por parte de las autoridades públicas de protección o por parte del Ministerio Fiscal de que existía un riesgo para la niña durante los periodos de ejercicio de la guarda y custodia del padre”.

El Defensor ha recordado que “los menores son víctimas directas” de la violencia machista “y deben estar en el centro de atención de todas las actuaciones de las autoridades públicas en la lucha contra la violencia de género”.

La institución ha insistido en la necesidad de otorgar “protección rápida y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, como víctimas de violencia de género en sí mismas”, tal y como exige el Convenio de Estambul del que España forma parte, “poniendo la máxima atención sobre ellas, para evitar que se sigan produciendo asesinatos a manos de padres maltratadores”.