Así lo subrayó en un comunicado en el que anunció el lanzamiento de una campaña para dar a conocer los derechos de los consumidores durante las Rebajas y advirtió de que en dicho periodo todos los productos rebajados deben estar etiquetados de forma “clara y diferenciada” del resto e incluir el precio original junto con el rebajado o el porcentaje de descuento a aplicar.

Durante las Rebajas, cuya fecha de inicio y fin debe estar publicitada de forma visible en todo momento, los establecimientos no pueden ofertar como productos rebajados aquellos que tengan taras o sean defectuosos y deben disponer de stock suficiente de los productos o servicios con descuentos.

Por su parte, los consumidores deben conservar el ticket o factura de la compra, ya que será la documentación necesaria para ejercer cualquier derecho de devolución o ejecución de garantía.

El departamento de Alberto Garzón puntualizó, además, que los derechos de los consumidores en este periodo son aplicables también a las compras realizadas por Internet y recordó que, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso de las TIC en los hogares españoles, casi 20 millones de personas han adquirido productos y servicios ‘online’ en los últimos tres meses, insistiendo en que tanto los establecimientos físicos como los digitales están obligados a aceptar los medios de pago que utilicen habitualmente y mantener los mismos plazos de devolución.

DERECHO DE DESESTIMIENTO

En el caso de las compras ‘online’ existe, además, el derecho de desestimiento, un plazo de 14 días en los que el cliente puede devolver el producto sin necesidad de alegar motivo alguno ni asumir ningún coste, según el gabinete de Garzón, que advirtió de que, según el INE, los retrasos en la entrega (en un 28,7% de los casos de compras ‘online’), los fallos técnicos de las webs y su falta de usabilidad (16,4%) así como la dificultad de encontrar información sobre las garantías u otros derechos legales (15,1%) fueron los problemas más frecuentes a los que se enfrentaron los internautas en el último trimestre.

Por lo que respecta a las garantías, Consumo explicó que, desde el pasado 1 de enero, ya son tres los años durante los que las empresas están obligadas a reparar o sustituir el producto o servicio adquirido por el cliente en caso de disconformidad.

En caso de que se produjeran conflictos, el gabinete de Garzón recomendó acudir a los servicios de Consumo de las diferentes comunidades autónomas, a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de los ayuntamientos o a las juntas arbitrales que existen tanto a nivel regional como local.

Consumo señaló que el sistema arbitral es un mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para consumidor y empresa, que “facilita y agiliza” la protección de los derechos de los consumidores y, “en especial, de los más vulnerables”, dado que se trata de un sistema gratuito.