El malestar por esta decisión judicial fue expresado este lunes a través de un comunicado difundido por la Fundación Víctimas del Terrorismo. Esta nota estaba suscrita por una docena de colectivos de víctimas, entre los que estaban la AVT y Covite.

En este sentido, estas asociaciones rechazaron que el Tribunal Supremo haya obligado a Portero a pagar 8.400 euros a abogados de etarras. Estos letrados defendieron a unos acusados de mostrar fotos de etarras en una “txozna” o caseta de feria. El Supremo entiende que hubo delito, pero que no se puede identificar a los autores. Por este motivo, se exige al presidente de DyJ que pague las costas del proceso a letrados del entorno etarra.

En este sentido, en el comunicado difundido por las asociaciones de víctimas, éstas destacan “el espanto que supone el hecho de que al buscar justicia ante un claro caso de enaltecimiento del terrorismo, el presidente de Dignidad y Justicia haya sido condenado a resarcir económicamente a quienes trabajan para los terroristas”.

“Las víctimas del terrorismo que suscribimos este comunicado”, añaden, “no entendemos cómo en un caso como éste, se puede llegar a que el hijo de una persona de bien asesinada por ETA (en alusión a Portero) tenga que dar miles de euros a unos abogados cuya misión es defender a los terroristas y su entorno de apoyo y legitimación”.

En este sentido, la nota destaca que el presidente de DyJ, que es hijo de un fiscal asesinado por la banda etarra, se está significando en su “lucha” contra “cada ámbito de impunidad que pretenden lograr los terroristas y sus ámbitos de apoyo, aprovechando cada resquicio legal y el débil pulso social contra la legitimación del terrorismo etarra”.

A este respecto, Portero ha promovido en años anteriores distintas iniciativas legales para desterrar del callejero del País Vasco y Navarra nombres que recuerdan a miembros de la banda etarra.