Así lo anunció este martes la institución en un comunicado en el que aseguró que su objetivo es “verificar” las informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación que apuntan a que varias de estas menores se encuentran o han estado acogidas en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid y conocer los protocolos “específicos” para la detección precoz de casos de “abuso, explotación o trata de menores” que se aplican en los centros de protección madrileños.

Además, el Defensor se ha interesado por las actuaciones y medidas previstas para mejorar la atención a menores “susceptibles” de explotación, tanto en los centros o pisos residenciales como fuera de los mismos y, en paralelo, va a iniciar también acciones dirigidas a la Dirección General de la Policía para interesarse por el alcance de la investigación iniciada y de las medidas adoptadas para garantizar la integridad y la seguridad de las menores víctimas y sus familias.

Gabilondo recordó que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia recoge “expresamente” la obligación de las administraciones de protección a la infancia de contar con protocolos de “prevención, detección precoz e intervención” ante posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos cuando las víctimas son menores sujetas a medidas protectoras y que residan en centros de su responsabilidad.

Tras puntualizar que no es la primera vez que la institución inicia actuaciones de oficio después de tener conocimiento de hechos de esta naturaleza en alguna otra comunidad autónoma, como las Islas Baleares, el Defensor juzgó “oportuno” hacer “seguimiento” de las medidas preventivas y de detección e intervención precoz diseñadas por la administración para “evitar y hacer frente” a casos de explotación sexual de menores que se encuentran al amparo de medidas de protección.