En el escrito presentado esta mañana en el Alto Tribunal, firmado por el teniente fiscal del Supremo Juan José Martín Casallo, asegura que Dívar “fue acomodándose, caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar”.

El Ministerio Público afirma que los hechos atribuidos a Dívar en la querella presentada por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho “no son constitutivos de delito alguno”. El escrito subraya que el delito de estafa “no parece en principio que sea de aplicación a la conducta que se dice cometida por el querellado dado que se trata de caudales públicos”.

El fiscal admite sin embargo que las actividades de Dívar, como presidente del Supremo y del CGPJ, “presentan unos límites imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o de delimitar la actividad pública de la privada”.

Martín Casallo se remite además a los argumentos que ya utilizó para archivar el pasado 21 de mayo las actuaciones abiertas contra el presidente del Alto Tribunal en el seno de la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez.

El informe de la Fiscalía, como en aquella ocasión, destaca que la normativa del CGPJ que regula los viajes de sus miembros, que data de 1996, permite justificar los gastos de los viajes de los vocales sin necesidad de hacer constar el motivo del desplazamiento.

DECISIÓN DEL SUPREMO

La Sala de Admisión del Tribunal Supremo debe ahora decidir si acepta o no la querella contra Dívar. Fuentes del Supremo señalaron que la decisión podría adoptarse el próximo lunes.

Los hechos que se denuncian en la querella, presentada el pasado 31 de mayo, son “haber cargado costos totales o parciales de viajes o estancias privadas de asueto a los fondos del CGPJ”.