Oliván aseguró que no existe ninguna posibilidad de excluir la interrupción voluntaria del embarazo de la cartera de servicios comunes y que “con carácter de urgencia” se tomaron las decisiones oportunas para que los ciudadanos pudiesen seguir disfrutando de esta prestación.

El consejero subrayó que se homologó una clínica en Zaragoza que lo había solicitado y que este mismo centro está a la espera de recibir la acreditación para llevar a cabo las interrupciones por causas médicas más allá de la semana 14 ya que “le falta un equipamiento con el que es obligatorio contar”.

Oliván agregó que en “un plazo menor de una semana” se procedió a la “normalización” de la derivación de las mujeres a esta clínica homologada, salvo un caso que tuvo que ser trasladado a Madrid para interrumpir el embarazo.

El consejero ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia parlamentaria, por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para informar de todas las medidas que piensa adoptar de forma urgente para garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se vaya a seguir prestando en la Comunidad.

El PSOE ha pedido al Gobierno de Aragón que cumpla con la legislación vigente y que “la hagan accesible” a la ciudadanía, tal y como ha manifestado el diputado Eduardo Alonso. La formación también ha solicitado a la DGA que se siente con las clínicas que realizaban el servicio para “llegar a acuerdos que restablezcan el ambiente que había”.

Chunta Aragonesista ha defendido la prestación gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo y ha incidido en el derecho de las mujeres de “acogerse a la ley para tener una interrupción voluntaria del embarazo” y que este servicio “sea asumido por las administraciones”, tal y como ha afirmado su portavoz, Nieves Ibeas.

Izquierda Unida ha asegurado que “ha faltado voluntad política” en este asunto porque el consejero “era plenamente consciente desde enero de la deuda con las clínicas acreditadas”, tal y como ha señalado la diputada Patricia Luquin. Cree que hay “un trasfondo ideológico importante” en “esa asfixia económica” a la prestación de este servicio.

El Partido Aragonés ha apostado por cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero también por intentar evitar las concepciones no deseados fomentado “la prevención, la educación y la divulgación”, tal y como ha indicado el diputado Manuel Blasco.

Por último, el Partido Popular ha subrayado que esta prestación es “un derecho reconocido por ley” y que ninguna mujer “lo ha visto conculcado” con el Gobierno de Aragón, tal y como ha señalado la diputada Carmen Susín. La fuerza política ha destacado que Aragón ha cumplido la normativa y que piensa seguir haciéndolo.