Hernández-Gil compareció ante la Comisión de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid para responder a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios sobre el funcionamiento de la justicia gratuita en esta autonomía.

Según informó el Colegio de Abogados de Madrid, el decano señaló que “el reiterado menosprecio por parte de la Comunidad de Madrid a sus abogados; los continuos retrasos en los pagos fruto de una imprevisión presupuestaria que arrastra desde 2003; y la paulatina degradación de la justicia gratuita, ponen en riesgo el derecho a la tutela judicial Efectiva que corresponde a todos los ciudadanos”.

Asimismo, el decano afirmó que la nueva herramienta de control que pretende implantar la Comunidad de Madrid sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas que tratan de acceder a la justicia gratuita, no reconoce algunos supuestos.

“ESCASOS HONORARIOS”

En concreto, explicó que no se contemplan los supuestos en los que el abogado, por imperativo legal, debe atender a una persona antes de poderse demostrar si se cumplen o no los requisitos que le dan derecho a un abogado de oficio.

Por este motivo, Hernández-Gil se mostró contundente al declarar que “el Colegio de Abogados no va a consentir que los abogados no perciban los escasos honorarios que les corresponden por cumplir con las obligaciones que les dicta la ley”

Por otra parte, el decano de los abogados madrileños se mostró contrario al cierre de las Oficinas Orientación Jurídica, como es intención del Gobierno de Madrid. A su juicio, estas oficinas suponen un servicio social inestimable, además de constituir un ahorro cuantioso para la Justicia de la Comunidad.

En concreto, de las 163.465 consultas atendidas en 2011, tan sólo 33.805 resultaron peticiones de justicia gratuita, cifra que hubiese sido mucho mayor de no existir la asesoría previa de los abogados de Colegio de Madrid.