A Rajoy le preguntó por este particular el parlamentario del PNV Joseba Zubia en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Planteó su cuestión como "una pregunta sencilla", aunque asumió que "la contestación quizá no lo sea tanto, más a día de hoy" cuando las prioridades son otras. Para él, éstas razones son "inaceptables" toda vez que ya no se da la situación de violencia que alegó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para rechazarla.

Sin embargo, recordó que es una competencia prevista en el Estatuto de Gernika con carácter exclusivo para el Gobierno autonómico, y es "sólo una de las demasiadas transferencias pendientes" del mismo, que el PP apoyó además en 1993 en el Parlamento vasco pero que requiere de un acuerdo entre el Gobierno central y su comunidad autónoma.

Rajoy dijo que la respuesta también es sencilla y que de hecho ya la había respondido Zubia al reconocer que no era una prioridad. Él confirmó que no lo es y añadió que suscribe todos los argumentos de los gobiernos anteriores, pero que "cuando se produzca una situación de normalidad" y no haya razones de seguridad general que impidan un acuerdo entre Gobierno central y el País Vasco, el tema se abordará.

Zubia contestó que esperaba de Rajoy una respuesta firme y un compromiso de que en esta legislatura se negociaría el traspaso, denunció que las transferencias siempre han sido con fórceps y a cambio de algo y calificó de "incumplimiento flagrante" el hecho de que el Estado retenga la competencia penitenciaria, que no debería estar sujeta a la arbitrariedad de los gobiernos.

"No vea fantasmas", le espetó, "ni una cesión al PNV, sino lo que es real: un traspaso a una comunidad autónoma en cumplimiento de su estatuto. Piénselo bien".

En su dúplica, Rajoy insistió en que prefería no comprometerse a algo que no tenga la absoluta convicción de que puede y va a hacer. Comentó que en los últimos años se han hecho muchos trapasos de competencias al País Vasco y otras comunidades, pero que ésta venía "necesariamente marcada por la política general de seguridad del Estado, que aconseja mantener el sistema actual".