La Administración autonómica aclaró hoy que no tiene competencias para ordenar a la Policía autonómica ninguna detención, pues esa orden compete a una autoridad judicial; y argumenta que la decisión de asumir la tutela no responde a una cuestión estética, sino al grave riesgo que existe para la salud del menor, algo que avalan los informes pediátricos.

La Xunta sigue este caso desde el año 2005, cuando se detectaron los problemas de salud, y el expediente fue abierto por los servicios sociales del Complejo Hospitalario de Orense, que comunicaron el riesgo que supone para la salud del menor sus problemas de obesidad mórbida.

Hasta ahora, explica la Xunta, se trabajó con la familia para que atendiera la importancia del problema. No obstante, el pasado 23 de septiembre la Xunta decidió asumir la tutela, tras comprobar que la situación del menor no mejoraba.

Entonces, explican, se declaró al menor en desamparo. Un mes después, tras cumplir la tramitación en el juzgado y cuando la familia agotó el plazo legal para entregar voluntariamente al menor, la Xunta fue a buscarlo a casa, pero éste había desaparecido. A partir de ahí, la Administración autonómica solicitó autorización judicial para entrar en el domicilio y posterior auxilio judicial para retirar al menor.

RECURSO DE LOS PADRES

Los padres, por su parte, recurrieron la resolución de la Xunta de asumir la tutela y solicitaron una suspensión cautelar de la medida, una petición que rechazó el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ourense a través de un auto judicial, que dictó con fecha de 29 de octubre. Se trata de una medida provisional adoptada hasta que se celebre el juicio en el que resolverá de forma definitiva este caso.

Un día después, el 30 de octubre, se requirió a los padres del menor para que procediesen a la entrega voluntariamente del menor y se solicitó la cooperación de la Policía Autonómica para su localización.

A fecha de hoy el menor no fue entregado, por lo que la Administración autonómica informó de estos hechos a la Fiscalía, organismo que tiene competencias para adoptar las medidas que considere oportunas.

Asimismo, la Consejería gallega de Trabajo y Bienestar señala que lo que se hizo fue asumir la tutela ante una situación de grave riesgo para la vida de un menor, teniendo en cuenta su salud y su bienestar.

Dado que se habla de una tutela, es algo reversible y temporal, que no significa la ruptura de la relación familiar dado que los progenitores podrán visitarlo en el centro.