Entre ellas destaca una que limita la participación de empresas privadas en el control de estos canales "con el fin de evitar la concentración mediática".

Los socialistas defienden que estas empresas “no podrán tener participación significativa o derechos de veto en más de tres sociedades prestadoras del servicio público” o en dos sociedades “si la población conjunta de las comunidades autónomas implicadas supera los doce millones de habitantes”.

En otra enmienda, el PSOE plantea que las comunidades que opten por la gestión directa de los canales no podrán externalizar los informativos “ni aquellos otros programas que determine el mandato marco”.

Otra enmienda parcial establece que las comunidades reservarán “al menos un canal dentro de su múltiple digital de ámbito autonómico a servicio público de comunicación audiovisual”.

“Atribuir todos los canales a empresas privadas para su explotación en régimen de licencia (...) equivale a impedir una futura decisión sobre creación de una televisión pública autonómica”.