En la proposición no de ley, presentada a través del grupo parlamentario liderado por Cayo Lara (IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural) y a la que tuvo acceso Servimedia, se insta al Gobierno a “eliminar la congelación de las subvenciones para la creación de nuevos puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social”.

También propone “restablecer la partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a políticas activas de personas con discapacidad y personas con trastorno mental que permita la continuidad de los servicios de inserción laboral en la empresa ordinaria, con instrumentos como el empleo con apoyo, y de los CEE”.

Además, reclama que se garantice “la financiación de la subvención del 50% y del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por cada trabajador y por cada empleado “con especial dificultad de inserción” en CEE de iniciativa social, respectivamente.

“Las personas con discapacidad y las personas con trastorno mental son un colectivo prioritario dentro de las política activas de ocupación” y por eso “son objeto de medidas específicas para la mejora de su empleabilidad, tanto a nivel de contratación como de bonificaciones”, dice el texto.

Sin embargo, añade la iniciativa, “a pesar de este marco protector, la tasa de paro de este colectivo siempre ha sido muy superior a la de la población general, empeorando también en los últimos años como consecuencia de la crisis”.

ALTÍSIMA TASA DE PARO

En este sentido, señala que, según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro de personas con discapacidad pasó de un 16,3% en 2008 a un 23,3% en 2010, un porcentaje que en el caso de las mujeres con discapacidad es aún peor, pues en 2010 su tasa de desempleo era del 24,9%.

ICV señala que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 prevén una reducción del 56% de la partida destinada a Cataluña para políticas activas de ocupación, concretamente 252 millones de euros menos que el año anterior.

“Dentro de esta partida", indica, "se sitúa la financiación dirigida a las subvenciones para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, unidades de apoyo, empleo con apoyo y otros servicios de integración laboral de personas con discapacidad y trastorno mental”.

A juicio de Coscubiela y Ortiz, “la reducción presupuestaria prevista no garantiza la subvención mensual a Centros Especiales de Empleo por cada trabajador con discapacidad del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) prevista en la legislación”.

Además, continúa, “anula la subvención del 75% del SMI para aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción prevista como medida de discriminación positiva, poniendo en peligro la viabilidad de los propios Centros Especiales de Empleo, así como de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad y trastorno mental”

ICV recuerda que en Cataluña existen más de 100 Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro que mantienen más de 7.300 puestos de trabajo de personas con discapacidad y trastorno mental. “Con la reducción presupuestaria prevista se prevé el despido de más de 2.500 personas” en los CEE.

¿PRIORIDAD?, SÓLO SOBRE EL PAPEL

“Todas las administraciones públicas implicadas sitúan la inserción de las personas con discapacidad como una prioridad, sin embargo, y a pesar de los compromisos unánimes, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament de Catalunya, no son capaces de dar una respuesta que evite una nueva fractura en la cohesión social”, denuncia ICV.

Coscubiela y Ortiz advierten que “lo que hoy puede representar un ahorro presupuestario para el Gobierno se convertirá en el futuro en un gasto todavía mayor y más inasumible”.

“La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de una crisis económica que no han provocado, y mucho menos las personas con discapacidad”, sentencia la proposición.