En una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, defendió la necesidad de esta ley porque, a su juicio, Sitel es "inconstitucional" e "ilegal". Indicó que la Carta Magna garantiza el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones y que la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo permite al juez intervenir conversaciones telefónicas.

Según detalló González Pons, Sitel permite acceder al contenido de las conversaciones; identificar a ambos interlocutores, su número de teléfono y tarjeta sim; conocer la localización de las personas y, cruzando los datos, "con quien nos encontramos". Además, intercepta mensajes sms, fotos, correos electrónicos y rutas de navegación por Internet. Como el juez sólo puede intervenir conversaciones, Pons denunció que "el resto se está investigando sin cobertura de ley orgánica".

A continuación, el dirigente popular explicó el funcionamiento de Sitel. De acuerdo con su relato, tras una orden judicial, el operador telefónico envía toda la información a un organismo de Interior, donde un funcionario policial lo estudia y envía un DVD a la autoridad judicial correspondiente.

González Pons planteó una serie de problemas a este mecanismo. En primer lugar, ese organismo de Interior "es un ente jurídicamente inexistente, sin responsable conocido". Además, "no hay ninguna autoridad que certifique la veracidad de lo grabado", por lo que "no hay forma de saber si el DVD es original o manipulado", dado que "los ficheros digitales se pueden cortar y cambiar" sin que quede rastro de ello.

Por otro lado, según el portavoz popular, el funcionario policial envía al magistrado el DVD con lo que "ha considerado pertinente, pero el juez no conoce el resto de la información". Y, por fin, "Sitel no discrimina la información: almacena toda la que haya recogida sobre un ciudadano", ya fuera con orden judicial o no, y no la encripta ni destruye, por lo que "no se puede garantizar que no haya filtraciones" de ese material que queda bajo el control de Interior.

El vicesecretario de Comunicación del PP explicó que esto obliga a los ciudadanos a confiar "en que el policía llame al juez antes de poner en marcha Sitel", pero que podría "dar al botón de ON" por su cuenta, y que se ha de "evitar esa tentación".

En resumen, afirmó que, sin normativa que lo regule, el sistema de interceptación de las telecomunicaciones "es como la ley Corcuera pero sin ley". "No digo que esto suceda, sólo que es deber de los demócratas impedir que pueda suceder", sentenció.

A preguntas de los periodistas, González Pons desvinculó totalmente la proposición de ley de las escuchas del caso Gürtel, palabra que no pronunció en toda la rueda de prensa y que dijo que espera no pronunciar en su tramitación parlamentaria.

"Esto no tiene nada que ver con aquello", aseguró, pues su trascendencia "va mucho más allá de lo que le pase al PP. Está en juego el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de todos los españoles".

No obstante, al principio y al final de su discurso, el dirigente popular se acordó del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy pronunciaba una conferencia bajo el título "España, ¿una sociedad vigilada?". Valiéndose de este lema, González Pons le replicó: "La respuesta es sí. Y, además, por usted".