Lo hizo con el rechazo de las cinco enmiendas de totalidad que pedían la devolución del texto al Gobierno, que defendieron PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC y BNG.

El proyecto, que se tramitará por vía de urgencia, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril. La norma modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual (que define a las televisisiones autónomicas como “un servicio esencial de interés económico general”), para permitir a los Gobiernos regionales con canales públicos decidir si continúan o no con la gestión de estos, y si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos. A partir de ahora, los canales autonómicos púiblicos tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar.

En defensa de la ley, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que busca “ampliar la posibilidad de las comunidades para decidir libremente” sobre la gestión de unos canales que han acumulado una importante deuda en los últimos años y que requieren, en la coyuntura actual, “una gestión más eficiente”.

“La difícil situacion económica que afecta a todas las Administraciones hace que hayamos tramitado este proyecto con la máxima celeridad”, añadió Soria, que se mostró convencido de que la ley da respuesta “a la petición que hemos recibido de muchas comunidades para recuperar la viabilidad económica y financiera de sus televisiones autonómicas”.

“AVES CARROÑERAS”

Desde el PSOE, Juan Luis Gordo denunció que la ley “rompe el modelo público de televisión” que ha existido en España desde los años 80 y “traspasa varias líneas rojas”, como la quiebra del principio de independencia y neutralidad con la externalización de los servicios informativos”. Para los socialistas, el objetivo último de la reforma no es otro que la "manipulación informativa" y favorecer el negocio de los “grupos amigos del PP”, que “están al acecho de la reforma como aves carroñeras”.

Por los grupos minoritarios, se criticó que la ley “recentraliza la televisión y defiende los negocios de unos pocos” (Laia Ortiz, Izquierda Plural), constituye una “invasión competencial” (Francisco Jorquera, BNG), “da un hachazo al servicio público de televisión autonómico para beneficiar a grupos que son lacayos ideológicos del PP” (Joan Tardá, ERC) y “consagra el sálvase quien pueda” (Irene Lozano, UPyD).

Inma Riera, de CiU, aseguró que su grupo valora la libertad de decisión que deja a las comunidades, pero también observa en la ley aspectos de "clara invasión competencial" que deberán corregirse durante la discusión parlamentaria si el PP quiere contar al final con los votos de CiU.

Para Pedro Azpiazu (PNV), la ley es un “intento de terminar con el servicio público de televisión autonómica” por las exigencias presupuestarias que se plantea a los gobiernos.

"DESPEJAR INCERTIDUMBRES"

La ley que este jueves arrancó su andadura parlamentaria ha dividido a los Ejecutivos autonómicos. Mientras unos, como el madrileño, han defendido en reiteradas ocasiones la opción de la privatización, otros como el andaluz o el de Euskadi, no son partidarios. El director de la televisión autonómica vasca, Alberto Surio, dijo días atrás que ETB no se cederá a terceros y ve "muy difícil que pudiera darse en otras comunidades, al margen de la externalización de algunos servicios".

Por la federación de televisiones autonómicas (FORTA), su presidente rotatorio, José Daniel Martín, de la televisión murciana, ha asegurado que el proyecto constituye un avance en aras a “despejar las incertidumbres” que se ciernen sobre las corporaciones autonómicas, porque las Administraciones regionales podrán decantarse por el modelo de gestión que estimen más conveniente.

Desde el colectivo de periodistas, el portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Nemesio Rodríguez, ha asegurado que el argumento del Ejecutivo de que se busca “flexibilizar la gestión” de las autonómicas es “otro eufemismo para decir ‘¡despidos a mansalva!’”.