La representante del departamento que dirige Ana Mato compareció en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja para responder a preguntas formuladas por varios grupos parlamentarios en relación al decreto que regula la reforma sanitaria.

En este contexto, Farjas explicó que quienes no trabajen, pero perciban ingresos propios, es decir, las personas que vivan de rentas, podrán tener derecho a la asistencia sanitaria sin necesidad de declararse 'sin recursos', mediante la creación de un "convenio especial" para este grupo de ciudadanos.

"Se establecerá un convenio especial para darles derecho a la sanidad y que hasta ahora no existía", incidió Farjas, quien subrayó también que los mayores de 26 años que nunca han trabajado y los divorciados que antes estaban como beneficiarios de su cónyuge tendrán igualmente derecho a recibir asistencia sanitaria pública de forma individual.

Así, detalló, los que se encuentren en este grupo y sus ingresos no superen la cuantía tope que se determine tendrán la categoría de asegurados y, por tanto, derecho a la sanidad pública sin ser, como hasta ahora, beneficiarios o personas 'sin recursos'.

Quienes, por el contrario, estén dentro de este mismo grupo pero sí perciban ingresoss no como fruto de su trabajo (los rentistas) podrán optar a la sanidad pública a través de "convenios específicos de asistencia sanitaria".

En su intervención, la secretaria general de Sanidad negó que la reforma del sistema suponga "abrir el negocio hacia lo privado", como dijo en la misma comisión el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos.

Para el socialista, la puesta en marcha de una cartera de servicios sanitarios complementaria a la básica mediante el copago tiene el riesgo de abrir la puerta a la iniciativa privada, que llegará hasta los usuarios para ofrecerles sus servicios.

"La sanidad pública no va a ser más sostenible con estas medidas", aseveró Martínez Olmos, que pidió al Gobierno que excluya del copago farmacéutico a personas con enfermedades crónicas y a los que tengan alguna de las catalogadas como raras.

Por su parte, Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural, acusó al Ejecutivo de hacer "propaganda" con su política retórica y, por tanto, de "menospreciar" a los ciudadanos y a los diputados del Congreso.

Calificó de "chapuza monumental" desde un punto de vista técnico al decreto sanitario y vaticinó que se enfrentará a más de una denuncia por parte de los ciudadanos.

Peca la norma, a su parecer, de "ambigüedad" y de "arbitrariedad", lo que hace de ella un "monumento a la falta de rigor y de eficiencia".

Finalmente, Conchita Tarruella, de CiU, y Emilio Olabarría, del PNV, reiteraron que el decreto que regula la reforma sanitaria invade competencias autonómicas y mostraron, por tanto, su oposición al texto.