Según explica OHL, el objetivo de estas acciones legales es proteger sus intereses “legítimos” y los de sus accionistas, en especial los que participan a través de la Bolsa Mexicana de Valores, frente a la decisión del Gobierno del Estado de Puebla, que decretó el rescate de forma “sorpresiva y unilateral”.

OHL afirma que México es un país de “sólidas” instituciones, donde prevalece y se respeta el Estado de derecho, por lo que se está procediendo a impugnar legalmente la medida adoptada el pasado 9 de mayo.

Por ello, manifiesta su sorpresa por la decisión del Gobierno del Estado de Puebla, ya que durante los 16 meses transcurridos desde su toma de posesión, sus funcionarios y la compañía han venido trabajando conjunta y estrechamente en la liberación del derecho de vía, una responsabilidad propia del Gobierno, según el título de la concesión, cuyas obras estaba previsto iniciar durante este mes de mayo.

El rescate de la concesión se produjo justo en el momento en que se conocía la idea del gobernador del estado de impulsar un viaducto elevado sobre la autopista México-Veracruz, a su paso por Puebla, proyecto que choca con el Libramiento Norte por existir en el título una cláusula de protección de la inversión que no permite licitar vialidades paralelas de peaje con el mismo origen y destino.

La medida del Gobierno de Puebla afecta a los derechos adquiridos por OHL México y a una inversión ya realizada con financiamiento de ING y Scotiabank por 650 millones de pesos mexicanos (37 millones de euros), cifra que habrá que actualizar conforme a lo establecido en el propio título de concesión. La concesión del Libramiento Norte de Puebla se adjudicó a OHL México en 2008.