En una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, Nuet señaló que “esta negociación del Tratado de Libre Comercio, que está a punto de aprobarse entre Colombia y la Unión Europea, no puede supeditar el respeto y la observancia de los derechos humanos en Colombia” a los intereses económicos.

Para este parlamentario de IU, “los derechos humanos son y deben ser la primera prioridad” de España y de la Unión Europea a la hora de alcanzar acuerdos comerciales con otros países.

Nuet explicó que IU ha pedido al Ejecutivo “que no venda armas al Gobierno de Colombia”. “Tenemos constancia de que estas armas están siendo utilizadas en el conflicto armado que vive el país”, añadió.

Añadió que el Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural tratará de llevar la voz de las organizaciones humanitarias colombianas al Parlamento español, porque éste “no pueden hacer oídos sordos ni ojos ciegos a un conflicto tan importante como éste”.

De hecho, ha registrado varias preguntas sobre el incendio de un proyecto productivo en el municipio de Río Viejo y la visita de un grupo de paramilitares a otro proyecto agrícola de producción de panela para obligar a los campesinos a vendérsela.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Se da la circunstancia de que ambos forman parte de un proyecto financiado con recursos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a través de la Asociación Paz con Dignidad.

“¿Qué acciones piensa realizar el Gobierno de España ante el Gobierno colombiano para asegurar que la cooperación internacional sirva a las poblaciones más empobrecidas de Colombia y no a grupos paramilitares para que utilicen a su antojo instalaciones de la cooperación española y extorsionen a las personas que esta misma cooperación ha decidido apoyar?”, pregunta Nuet.

Por su parte, Pilar Sánchez González, representante de la Comisión Ética Internacional de Colombia, manifestó que las miles de víctimas del conflicto armado que vive el país “no encuentran el modo de que se haga justicia” mientras los paramilitares amedrentan al a población, especialmente la campesina.

Destacó que en Colombia hay “más de cinco millones de personas desplazadas y cinco millones y medio de hectáreas de tierra que han sido robadas a sus propietarios iniciales, a todos los colectivos campesinos e indígenas, afro descendientes y mestizos”.

Son tierras, añadió esta defensora de los derechos humanos, que han sido indebidamente apropiadas por grandes empresas, en connivencia con el ejército colombiano. “No podemos ser testigos mudos de lo que está ocurriendo en Colombia, por intereses económicos”, dijo.