Para ambas organizaciones ecologistas, este permiso constituye "un grave error porque pone en peligro innecesariamente al medio ambiente, además de suponer un nuevo paso atrás en la política energética del Gobierno, que apuesta una vez más por los combustibles fósiles a pesar de ser más caros y contaminantes y de ser el motor del cambio climático".

Las dos ONG entienden, además, que la decisión es incomprensible teniendo en cuenta el historial medioambiental de Repsol en la zona y cuando todavía no se ha resuelto el procedimiento penal contra la empresa abierto por un juzgado de Tarragona por dos vertidos en la fase de exploración de los pozos Lubina y Montanazo.

Lamentan, además, que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente no haya tenido en cuenta las alternativas energéticas al petróleo y consideran "una broma" el argumento del promotor de que la no explotación de los yacimientos "supondría el aumento en la importación de crudo que llevaría asociada un incremento de emisiones a la atmósfera como consecuencia de su transporte desde localidades remotas".

Asimismo, entienden que la justificación energética es "falsa", ya que España tiene alternativas válidas al consumo de petróleo, independientemente de su origen, que pueden reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo energético para el año 2050.