Así, la ONG teme que "de manera no explícita" se estén sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables.

Y a este sistema se opone y se ha opuesto siempre la entidad, pues entiende que cuestiona "la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población".

La reforma de la sanidad aumentará, alerta Cáritas, la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social, como jóvenes desempleados, personas con enfermedades infecto-contagiosas, ciudadanos con discapacidad, enfermos de entornos rurales, así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular.

En ese sentido, indica que la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular "va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria de Cáritas, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia".

Recuerda, además, la organización que el incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hacen que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día.

En cuanto a la búsqueda de la sostenibilidad perseguida por la reforma, la comisión de Cáritas opina que si se han constatado prácticas abusivas de los servicios sanitarios, "será necesario atajarlas, pero sin negar el derecho a la salud a personas que conviven y construyen nuestra sociedad".

La entidad finaliza esta reflexión recordando la doctrina social de la Iglesia, "que defiende la universalidad y la indivisibilidad de los derechos de las personas, también el derecho a la salud".