Según informa Greenpeace, esta organización ecologista ofrece, además, la posibilidad a través de su página web de que todos los interesados puedan también alegar al proyecto lo que consideren oportuno.

"Esta orden de reapertura de Garoña enriquecerá a los propietarios, sin contraprestación alguna, ya que se embolsarán más de 1.100 millones de euros durante los seis años de ampliación de su explotación", declara Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.

Añade que "el proyecto de ampliación ignora el interés público y de participación de las personas y obliga a los ciudadanos a asumir los riesgos que los propietarios no pagarán".

Greenpeace considera, tras el estudio del proyecto de revocación, que hay diversas razones para considerar improcedente la reapertura de la Central Nuclear de Garoña, entre las que se encuentran que no mejora la dependencia energética de España, sino que la perpetúa; no tiene ninguna incidencia en la seguridad de suministro, y no ayuda a compensar el déficit tarifario actual.

Asimismo, según la organización, el proyecto no está condicionado por la existencia o no de un cementerio nuclear, tal y como demuestra el desmantelamiento de Zorita, y no tiene en cuenta la limitación que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) establece sobre el tiempo de almacenamiento del combustible gastado en las piscinas de las nucleares.