El proyecto de Presupuestos de 2022 fue aprobado de forma definitiva el pasado martes 28 de diciembre tras aceptar el Congreso de los Diputados la única enmienda aprobada por el Senado. Antes, los Presupuestos iniciaron su tramitación tras ser aprobados por el Consejo de Ministros el 7 de octubre y entregados el día 13 del mismo mes por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

El Ejecutivo diseñó los PGE de 2022 sobre la base de un límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, de 196.142 millones de euros, tan solo un 0,023% por encima del de 2021, y está basado en un escenario macroeconómico -avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)- que mantiene las previsiones de crecimiento realizadas en abril de un 6,5% del PIB en 2021 y del 7% en 2022.

Para poder hacer uso del ‘techo de gasto’, superior en más de un 53% al de 2019, el Ejecutivo ha contado por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea para permitir a los Estados encarar los gastos asociados a la pandemia de Covid-19. Así, las cuentas se realizaron bajo la previsión de que el déficit cierre 2021 en el 8,4% y baje al 5% el próximo año.

En lo que se refiere a los ingresos tributarios, el Presupuesto preveía una recaudación de 232.352 millones de euros el próximo año, lo que supone un aumento del 8,1% respecto a la previsión de recaudación al cierre de 2021. Concretamente, el proyecto estima una recaudación de 100.132 millones en IRPF (+0,7% respecto a la previsión de cierre de 2021), 24.477 millones por Sociedades (+11,8%), 75.651 millones por IVA (+9,5%), 21.843 millones de euros por los Impuestos Especiales (+8,2%) y 10.249 millones de euros por otros ingresos tributarios (+2,3%).

A nivel tributario, la principal novedad es la introducción de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, aplicable sobre la base imponible. Además, otra medida fiscal es la reducción de 500 euros, pasando de 2.000 a 1.500, del importe máximo que podrán deducirse en el IRPF los clientes de planes de pensiones privados, mientras que se sube de 8.000 a 8.500 el importe máximo a desgravar en los planes colectivos de las empresas.

Cabe recordar que, de manera independiente a la tramitación presupuestaria, la pasada semana el Consejo de Ministros aprobó la prórroga hasta junio de 2022 de la aplicación del IVA superreducido del 4% a las mascarillas quirúrgicas, y, hasta abril, de las rebajas tributarias establecidas por el Gobierno para abaratar el precio de la luz. Por tanto, estas medidas conllevarán una menor recaudación respecto a la prevista inicialmente en los Presupuestos, aunque durante estos meses de tramitación desde el Ejecutivo han venido asegurando que las cuentas contaban con “holgura” para poder prorrogar estas medidas si fuera necesario.

GASTO

En cuanto al gasto, destacan medidas y partidas como 12.550 millones de euros dirigidos a los jóvenes, que incluye un 46% más para vivienda, 2.199 millones de euros para becas educativas, becas para aspirantes a juez, fiscal o Abogado del Estado, 210 millones para financiar un bono joven cultural de 400 euros para gastar en cultura a quienes cumplan 18 años, o un bono joven de vivienda dotado de 250 euros mensuales para ayudar a afrontar el alquiler durante dos años a los ciudadanos de entre 18 y 35 años de edad e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.

Las cuentas públicas también incluyen 248.391 millones de euros en gasto social, el 60% del Presupuesto, con medidas como la revalorización de las pensiones contributivas en base al IPC, que se espera que supere el 2%, mientras que las no contributivas y las mínimas crecen un 3%, con un gasto total estimado de algo más de 171.100 millones, el 39,7% del presupuesto sin tener en cuenta los fondos europeos.

El presupuesto para Sanidad, sin incluir las vacunas, sube un 11%, hasta los 5.434 millones, mientras que el de Educación crece un 2,6%, para superar también los 5.000 millones. Además, el gasto social también incluye un aumento en un 23,3% de la dotación para la dependencia; 40 millones más para protección a familias y contra la pobreza infantil, para cubrir a 2,26 millones de niños; e incrementar el bono social térmico un 43,77%.

Por otra parte, el proyecto canaliza 27.633 millones de euros procedentes de los fondos europeos, de los cuales el 85% se reparten entre el capítulo de inversiones reales y el de transferencias de capital. En concreto, el 19,8% irá destinados a ‘industria y energía’; el 19,6% a ‘I+D+i y digitalización’ y el 17,6% a ‘infraestructuras y ecosistemas resilientes’, como principales áreas.

ENMIENDAS

Para lograr los apoyos necesarios para la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos cerró acuerdos con otras nueve formaciones políticas (ERC, PNV, Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC) para incluir cientos de enmiendas durante la tramitación en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas, además de las múltiples enmiendas pactadas con cada una de estas formaciones para acometer inversiones en infraestructuras y proyectos culturales, científicos, industriales o turísticos, entre otros, en sus respectivas comunidades autónomas, destacan el acuerdo con el PNV para ampliar la prestación económica por cuidado de menores enfermos de cáncer o que padezcan cualquier otra enfermedad grave, aumentando de los 18 a los 23 años el límite de edad para percibir esta prestación; o la creación, pactada con Bildu, de un fondo de 25 millones de euros para compensar a los afectados por el amianto.

También el acuerdo con el PDeCat para que las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociosanitarios puedan recibir el apoyo de los fondos europeos; o el pacto con Más País para destinar cinco millones de euros a un Plan de Salud Mental en la Educación y 10 millones para un proyecto piloto sobre la reducción de la jornada laboral.

El último partido en asegurar su apoyo a los Presupuestos fue ERC, formación que, al margen de varias partidas incluidas en las cuentas, centró la negociación con el Gobierno en un acuerdo -cerrado ya durante la tramitación presupuestaria en el Senado- para fomentar la producción audiovisual en lenguas cooficiales por parte de las grandes plataformas audiovisuales a través de la ley audiovisual que está en tramitación en el Congreso.

A las 11 formaciones políticas que apoyaron la aprobación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, se sumó durante la tramitación en el Senado el apoyo de otras formaciones que sólo tienen representación en dicha Cámara, como el Partido Aragonesista, Geroa Bai, Més per Mallorca y Agrupación Socialista Gomera.