Sencianes comentó a Servimedia que el archivo del caso por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, confirmando la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska y rechazando el recurso de las víctimas, le parece "increíble" y "un abuso", cuando el fiscal, Fernando Burgos, detecta indicios de conductas negligentes en los encargados del grupo de control de los contratos de vuelos para la OTAN.

El presidente de esta asociación de víctimas declaró sentir "indefensión" y aseguró que las familias no van a dejar las cosas así ni abandonarán la memoria de sus parientes fallecidos. Como vías judiciales a seguir, barajó la posibilidad de acudir al Tribunal de Estrasburgo.

En relación al indulto al comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez, condenados por los errores en la identificación de los cadáveres, Sencianes afirmó que le da igual quién gobierne, pero que el Ejecutivo socialista rehusó conceder esta gracia mientras que el del PP "en un momento se lo ha pulido". Por este contraste ve "indicios" de ntencionalidad en el PP.

En esta línea, refutó la alegación del ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien suele justicar los indultos en que el tribunal que condenó a los dos militares dijo hacerlo "por imperativo legal" aunque la condena le parecía desmedida.

Sencianes recordó que los tribunales siempre condenan por imperativo legal y que, siguiendo esa lógica, también debería realizarse el juicio por las contrataciones que hoy ha rechazado la Audiencia Nacional. Finalmente, se preguntó "qué conclusiones van a sacar los militares", ya que "cuando tengan un accidente nadie va a querer saber nada".

Por último, Sencianes arrojó sospechas sobre las supuestas comisiones que cobrarían los intermediarios de contrataciones como la del Yak-42. Sólo en la de este avión, el exministro de Defensa José Bono cifró en 140.000 euros un gasto de los que la compañía cobró apenas 39.000, y, según dijo, en la época se contrataron un total de 43 vuelos.