Según explicó el organismo, el objetivo de esta iniciativa era examinar las prácticas habituales, los procedimientos y controles internos en relación con esta actividad, así como valorar el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de contratos de crédito al consumo, entre otras normas.

Como resultado de la actuación, el Banco de España señaló que su valoración supervisora “ha evidenciado la existencia de debilidades en el cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de trasparencia y protección a la clientela en relación con la financiación para la adquisición de automóviles”.

Por ello, el organismo supervisor informó sobre el envío de escritos a las 14 entidades analizadas, con diversos requerimientos y recomendaciones con objeto de que subsanen las debilidades detectadas.

En el examen realizado, el Banco de España prestó atención a aspectos como el contenido de la información precontractual y el modo en que se facilita dicha información a los clientes y la adecuación de la información precontractual en los casos en que se comercializan seguros y otros productos o servicios accesorios vinculados a la concesión de este tipo de créditos, o cuando se ofrecen descuentos en el precio de adquisición del vehículo.

También a la información contractual y los derechos de la clientela en relación con los contratos de crédito; la coincidencia de la información precontractual con la contractual; la concesión responsable de los préstamos; la información periódica que se facilita al cliente sobre los productos y servicios contratados, incluida la relacionada con las liquidaciones periódicas y sus eventuales moras; y la gobernanza de los productos de financiación ofertados, evaluando especialmente la idoneidad del diseño y comercialización de estos productos; y las funciones desarrolladas por los intermediarios de crédito.