Concretamente, más de uno de cada tres euros de los 859,7 millones que contempla el plan de recorte global del gasto será en operaciones de capital, es decir, inversiones y subvenciones. En concreto, la merma de gastos en estos capítulos ascenderá a 330,4 millones en tres años, el 38,4 por ciento del total.

De ellos, el 108,3 millones menos corresponden a inversiones reales (73,2 millones en 2012 y 35,1 en 2013) y 222,1 millones, a transferencias de capital (100,4 en 2013 y 121,7 en 2014).

"Las operaciones de capital sufrirán los mayores ajustes", dijo la consejera. Mientras, en el plan se indica que "en estos momentos, el esfuerzo inversor ha de estar subordinado al cumplimiento de los compromisos en materia de consolidación fiscal" y "los proyectos de inversión se habrán de acomodar a la capacidad presupuestaria de cada ejercicio".

El documento recuerda en relación a las transferencias de capital, la apuesta de la Junta por una progresiva reorientación de las ayudas a empresas hacía líneas de apoyo financiero reembolsable. Así, los gastos por activos financieros adquirirán una "relevancia notable" en el periodo, por la concesión de préstamos al tejido productivo.

El capítulo de personal será el otro gran afectado por los recortes, con una merma del gasto previsto hasta 2014, de 248,7 millones de euros (125,6 en 2012, 106,87 en 2013 y 16,3 en 2014), el 28,9 por ciento del conjunto del ajuste.

En este sentido, la Junta de Castilla y León no incorporará personal, ni contratará trabajadores temporales durante el periodo, no autorizará convocatorias de puestos en las empresas y resto de organismos públicos y no cubrirá las jubilaciones.

Del Olmo destacó el control puntual que se hará de los gastos de personal, ya que, según el plan, la Consejería de Hacienda deberá autorizar cualquier modificación en las relaciones de puestos de trabajo, y en las condiciones de los mismos, bajo la premisa de que no habrá aumentos salariales. Asimismo, se reducirán las sustituciones en todos los sectores de la administración, y las universidades deberán contar con autorización de los costes de personal docente y no docente previamente a la aprobación de sus cuentas.

En partidas concretas, el mayor ahorro en gastos de personal llegará por el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, con 63,7 millones en tres años; y por las jubilaciones que no se repondrán, con 40,2 millones. Asimismo, con la reducción del número de sustituciones se recortará al gasto 26,6 millones, y con el ajuste de los ratios de alumnos en centros docentes no universitarios, 22,5 millones.

El plan también precisa que la eliminación de las contrataciones temporales permitirá un ahorro de 14,6 millones; acabar con el complemento por incapacidad temporal a partir del cuarto mes, de 13,7 millones, y reducir el número de liberados sindicales un 30 por ciento, de 13,6.

La reordenación de los puntos de atención continuada reducirá el gasto en 11,9 millones, la adecuación de las guardias MIR al mínimo legal, en ocho millones, y la homogeneización del número de efectivos de guardia en atención especializada, en 6,5 millones.

Destacan también los seis millones que logrará reducir el gasto el plan contra el absentismo laboral, los 5,4 de la eliminación temporal del Fondo de Acción Social, y los 4,2 por la reestructuración de las consejerías y la rebaja de altos cargos, entre otros.