En su exposición de motivos ante la Cámara Baja, el ministro José Ignacio Wert destacó que las reformas contenidas en este texto permitirán ahorrar más de 3.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que podrán acogerse a ellas “según sus necesidades de consolidación fiscal”.

Con todo, solo los diputados del PP apoyaron la convalidación de estas medidas, mientras que el resto de la Cámara pidió su derogación y su tramitación como proyecto de ley. Esta propuesta obtuvo 177 votos a favor, 137 en contra y una abstención.

Los portavoces de los grupos Socialista, La Izquierda Plural, CiU, PNV, UPyD y Mixto acusaron al Gobierno de “abusar de su mayoría absoluta”, y tacharon el real decreto-ley de “ideológico”, por “desmantelar el modelo de educación pública e invadir competencias autonómicas”.

La portavoz del PP, Sandra Moneo, se quedó sola en la defensa de estas disposiciones, que entrarán en vigor el curso que viene.

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Entre otros puntos, la normativa aprobada hoy supone modificaciones parciales de la LOU y la LOE, aunque Wert insistió en que “este no es el programa de reformas del gobierno, sino una respuesta excepcional ante circunstancias excepcionales”.

Permitirá a las comunidades autónomas aumentar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por clase, incrementar la jornada lectiva de los profesores (25 horas mínimas en Primaria y 20 en Secundaria), suprimir complementos retributivos, elevar de tres a 10 días el período máximo en que la baja de un profesor puede cubrirse sin contratar a un sustituto, eliminar la obligación de ofrecer más de dos modalidades de Bachillerato para los centros públicos y retrasar a 2014 la implantación de los títulos de FP de 2.000 horas.

De este modo, los centros podrán agrupar hasta 30 alumnos por aula en Uducación Infantil y Primaria, hasta 36 en Secundaria, y un máximo de 42 ampliables a 46 en las clases de Bachillerato.

En cuanto a la Universidad, el decreto-Ley habilita a las autonomías a acordar un incremento de los precios públicos de las matrículas, donde los nuevos alumnos de grados y másteres habilitantes para ejercer una profesión tendrían que pagar entre el 15 y el 25% del precio real, cuando hasta la fecha la horquilla de subidas oscilaba entre cuatro puntos a partir del IPC.

En segunda matrícula los estudiantes pagarán del 30 al 40% del precio real de sus asignaturas; en tercera matrícula, entre un 65 y un 75%, y en cuarta matrícula, entre el 90 y el 100% del coste real.

Otras medidas que contempla el decreto-ley son la limitación de la oferta de titulaciones universitarias en aquellos centros donde la demanda no sea suficiente y un nuevo reparto de las horas de docencia e investigación del profesorado, según los resultados y la especialización que obtengan en cada faceta.