En una declaración conjunta sobre el acceso a servicios de salud para inmigrantes irregulares en España, las ONG instaron a los diputados a “respetar la dignidad humana, las necesidades de salud pública y la ética médica, mediante su voto en contra del artículo 3 de la Sección I de dicho decreto-ley”.

A su juicio, esta nueva norma “despoja del derecho de atención sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular” (solo pueden acudir de urgencia), y vulnera “el derecho de todos los seres humanos a recibir servicios sanitarios básicos”.

También supone “una violación de las obligaciones éticas de los profesionales de la salud”, prosigue la declaración, ya que “las medidas introducidas por el real decreto requerirán la colaboración de sanitarios para llevar a cabo el mandato legal de las autoridades, y les obligarán a seleccionar a los pacientes según su condición de inmigrantes, en lugar de su estado de salud”, apuntó.

“Además de oponerse a la ética profesional de los trabajadores, de consumir su tiempo y de ser estresantes, estas medidas apartarán a estos profesionales de su cometido primordial, que es la prestación de asistencia sanitaria”, agregaron las ONG.

También destacaron el riesgo que implica negar el acceso sanitario a un colectivo concreto en términos de salud pública, sobre todo en cuanto al control de enfermedades infecciosas.

Según recordaron, La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente afirma que “toda persona tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica apropiada (y que) los médicos y otras personas u organismos tienen la responsabilidad conjunta de reconocer y respetar estos derechos”.

“Cuando la legislación, una medida del gobierno o cualquier otra institución niega estos derechos al paciente, los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos”, concluyeron.