Así lo señaló el sindicato en un comunicado después de que la Agencia Tributaria publicara este lunes una nueva lista de grandes deudores, conocida como ‘lista de morosos’, con el nuevo umbral de 600.000 euros de deuda con Hacienda para aparecer con ella, rebajado del millón de euros en el que se situaba antes de la entrada en vigor de la ley de lucha contra el fraude.

En este sentido, Gestha valoró como “pasos positivos para mejorar la transparencia del funcionamiento y las actuaciones de la Agencia Tributaria, así como el cumplimiento tributario, el hecho de que se haya aprobado su propuesta de 2015 de bajar el umbral cuantitativo de la lista y que se incorpore también a los responsables de esas deudas.

En este marco, ve “adecuado” que en la nueva ley contra el fraude fiscal, “por primera vez, vaya a incluirse a los administradores que son declarados responsables solidarios de la deuda contraída por las empresas, tal y como venía reclamando durante los últimos años, ya que servirá para que aquellos responsables con cierta relevancia y capacidad de pago reduzcan sus deudas pendientes de cobro, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda”.

Por otra parte, los técnicos sostienen que, si dichas deudas se pagan, la información no aparece en el listado de deudores y que, en los casos de deudas inferiores a los 600.000 euros, tampoco aparecen en el listado las deudas de personas o entidades condenadas por delitos fiscales cuando no se paga la deuda, pese a que en estos casos se prevé que se publiquen una a una en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En cualquier caso, Gestha insiste en que ‘la lista de morosos’ “se trata básicamente de una lista de ‘desahuciados’ de los que buena parte nunca pagarán sus deudas”, ya que “el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro”.

Además, el sindicato de técnicos apuntó que el listado confunde a los defraudadores son simples deudores, puesto que no se señala el origen de la deuda. Por ello, piden al Gobierno que detalle la cuantía de la deuda cancelada por insolvencia definitiva de los deudores.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, recordó que “en España la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos compensando el agujero por el que escapan los defraudadores”.