Este sábado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presidió una reunión de su departamento en la que se analizó el plan económico financiero de cada comunidad autónoma de cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el jueves 17 de mayo, según explicó el Ministerio en una nota.

Según Hacienda, a la vista de los planes presentados, “este fin de semana se está ultimando la negociación con los gobiernos regionales, analizando en profundidad los diferentes capítulos de ingresos y gastos, así como las medidas que se prevé adoptar para la aplicación de las modificaciones recientemente aprobadas respecto a los gastos de educación y sanidad”.

El objetivo de estos últimos contactos, apuntaron desde el Ministerio, es “garantizar” el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5% del PIB en 2012 al que deben referirse todos los planes económicos.

Estos planes por primera vez serán hechos públicos y debatidos, así como aprobados o rechazados por todas las comunidades, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves, en aplicación de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que entró en vigor el pasado 1 de mayo.

“PREOCUPACIÓN” POR ASTURIAS

Hacienda subrayó que dentro de los planes presentados “preocupa especialmente” el de Asturias, porque la situación de Gobierno en funciones existente en esa región impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de déficit.

El Ministerio ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la aplicación de esta ley en el caso de Asturias, que dada su situación política no puede garantizar la adopción de medidas para el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

La nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige la aprobación del Plan Económico Financiero o, en caso contrario, la aplicación de las medidas correctivas y coercitivas contenidas en la misma, y, en último extremo, la tutela de las cuentas de la región por la Administración del Estado, recordaron desde el departamento de Cristóbal Montoro.

Por tanto, se deberá estudiar por la Intervención General del Estado y el Servicio Jurídico las consecuencias de una posible no aprobación del plan de Asturias en el marco de las normas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Un caso parecido ha tenido lugar en el Plan de Pago a Proveedores de las Entidades Locales. Así, no se han aprobado los planes de ajuste de aquellas corporaciones municipales que han rechazado los mismos en los plenos.

Esta falta de aprobación ha originado que estas corporaciones locales no puedan suscribir los préstamos previstos en el plan y que se tenga que retener de la participación en ingresos del Estado las cuantías que procedan para la devolución de los importes pagados a los proveedores.