Según explicó el Comité en un comunicado, el premio sería otorgado cada año, a una ciudad europea, que será declarada Capital de la Accesibilidad Universal. Para acceder a esta distinción, las administraciones locales, deberán demostrar una trayectoria en favor de la accesibilidad y comprometerse a nuevas actuaciones y actividades que promuevan estándares máximos de accesibilidad.

A través de este galardón, el Cermi persigue fomentar la participación de la sociedad civil en iniciativas públicas que incorporan el principio de accesibilidad y conectar la cultura de la accesibilidad con el concepto de sostenibilidad en las ciudades.

Asimismo, el sector de la discapacidad aseguró que el premio supondría “un estímulo para la cooperación transnacional en materia de accesibilidad y el intercambio de buenas prácticas y para la construcción de una región libre de barreras para las personas con discapacidad hacia 2020”.

La convocatoria quedaría abierta para todas las ciudades europeas de más de 150.000 habitantes, quienes, a fin de ejecutar sus proyectos en materia de accesibilidad, podrán hacer uso de los instrumentos financieros disponibles a nivel comunitario: Fondos Estructurales, Programa Cuadro, Créditos y préstamos entre otros.

El Cermi informó de que en la Unión Europea, el 80% de la población vive en tejidos urbanos. Por esta razón, las ciudades asumen una responsabilidad crucial a la hora de diseñar entornos y servicios que tengan la capacidad de incluir a todos sus ciudadanos, independientemente de su edad, género, habilidades u origen.

Actualmente, en la UE, las personas con discapacidad suman 80 millones y constituyen el 16% de la población económicamente activa. Para el Cermi “las ciudades son, al mismo tiempo, el nivel de administración más cercano al ciudadano y, por tanto, un puente estratégico entre ellos y la esfera europea”.

Asimismo recordó que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, en vigor desde el 3 de mayo de 2008, reconocen ‘la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales’.