Así lo explicó este viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde indicó que se trata de una medida que tiene la finalidad de “dinamizar el mercado inmobiliario”.

De esta exención se podrán beneficiar “siempre que no existan vinculación entre las partes”, y se aplicará en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de los no residentes y en Sociedades.

Además, El Consejo de Ministros aprobó este viernes un anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para “flexibilizar y dinamizar” el mercado del alquiler, y que recoge entre otras medidas que la actualización de la renta no tenga que estar ligada al IPC.

Asimismo, se flexibiliza la duración de los contratos, y el plazo de prórroga obligatoria se reduce de cinco a tres años, y el de prórroga tácita de tres a uno.

Por otra parte, y con independencia de la duración del contrato, el inquilino podrá desistir del contrato siempre que lo comunique con un mes de antelación.

También se garantiza que el propietario pueda recuperar su vivienda, sin necesidad de que esté previsto en el contrato de arrendamiento ni hubieran transcurrido cinco años desde su firma, siempre que necesite la vivienda para sí, sus familiares en primer grado o su cónyuge tras el divorcio o nulidad matrimonial.

La titular de Fomento comentó que “el mercado del alquiler no constituye una alternativa eficaz” a la compra, y que estas medidas se toman para “abordar la debilidad” del mismo.

En este sentido, estima que se conseguirá un mayor número de viviendas en alquiler y se va a facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables, a los jóvenes, y va permitir una mayor movilidad, con el “objetivo de luchar contra la crisis y el desempleo”.

DESAHUCIO

Desde el Gobierno indicaron que los procedimientos de desahucio por impago de rentas son “lentos e ineficaces”, por lo que es necesaria la agilización de este procedimiento, reduciendo la intervención judicial al mínimo imprescindible.

Entre las medidas adoptadas, se crea un procedimiento judicial acelerado para que en el plazo de diez días se proceda al pago de la renta debida y se simplifican los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, duplicando la capacidad de los juzgados.

FISCALIDAD

Pastor explicó que en este contexto general para dinamizar el mercado de alquiler, también se han adoptados medidas en el ámbito fiscal, que se centran en la modificación del régimen fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) y en nuevas exenciones para equiparar el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el IRPF.

En las Socimi, el Gobierno reduce el plazo exigido para que los bienes inmuebles que hubieran sido promovidos por la entidad se mantuvieran en arrendamiento, de siete a tres años.

También se reduce la cifra de capital social mínimo exigido, de 15 a 5millones de euros, y se elimina el requisito de que la financiación ajena de la entidad no supere el 70% del activo de la misma.

Además, las Socimi tributarán en función del resultado del ejercicio, se incrementan las rentas exentas del 20% al 25% y el tipo de gravamen se fija en el 19%.