En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE) José Ángel Oliván incidió en que "sólo las empresas piden esa moratoria, porque quieren mantener ficticiamente un número de abonados que no tienen". "Si se hubieran puesto las pilas y hubieran hecho su trabajo, no habría un número tan elevado" de usuarios desinformados y que, por lo tanto, no se han registrado.

Añadió que lo más importante en este caso es poner fin a los números anónimos, dedicados muchas veces a actividades delictivas. Actualmente, hay unos ocho millones de líneas que aún no se han identificado.

Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, consideró que "las compañías han enviado suficiente información a los usuarios" y que el plazo que se ha otorgado para hacer el registro de datos "ha sido bastante".

En su opinión, sólo la "dejadez" explica los casos de aquellos usuarios que no han hecho nada para conservar su línea. Añadió, que independientemente de que haya excepciones, lo principal ha de ser la seguridad.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, también afirmó que el plazo ha sido suficiente y que deben desactivarse las líneas no identificadas, como medida de seguridad.

No obstante, consideró que debería ponerse en marcha un mecanismo que permita que, las líneas que se identifiquen con posterioridad al 9 de noviembre, puedan volver a activarse, conservando el mismo número de teléfono.

"En algunos casos, los usuarios pueden haber confundido los avisos de las compañías con publicidad, o se trata de personas mayores, que pueden no haberse enterado bien de lo que tenían que hacer. Estaría bien que pudieran recuperar su línea", concluyó.