"Ninguna persona va a quedar desatendida", porque la asistencia sanitaria en urgencias está garantizada y porque todas las autonomías tienen previsto firmar convenios con las organizaciones que trabajan con inmigrantes que se encuentran en situación irregular para que puedan acudir al médico de Atención Primaria, insistió Mato en una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia.

Además, prosiguió la titular de Sanidad, la mayoría de los inmigrantes que no tienen su documentación en regla "son personas activas y jóvenes y, por tanto, en principio, sanas".

Y si no lo son, por tener cáncer o sida, por ejemplo, el Gobierno les garantiza, según expresó la máxima responsable de Sanidad, que seguirán recibiendo la atención que precisen. "Todos los que tengan cáncer o sida van a seguir siendo atendidos", afirmó.

"Distinto es", remarcó, que personas residentes en otros países vengan a España para recibir atención sanitaria, que es algo que lleva tiempo ocurriendo y que cuesta a las arcas públicas más de 900 millones de euros.

Como diferente es también, insistió Mato, una persona que está en situación legal y otra que se encuentra en situación irregular, por lo que no hay que equiparar los términos. "Es necesario que no equiparemos esos dos conceptos", dijo.

Preguntada por si el Gobierno tiene previsto que los ciudadanos paguen por recibir asistencia médica, hospitalaria o por la comida cuando estén ingresados, la titular de Sanidad aseguró que "no", ya que el decreto no lo recoge.

Se trata de un decreto, señaló, que se gestó con el visto bueno de todas las comunidades autónomas, salvo la de Andalucía, que estaba en proceso electoral, y que, por tanto, deben llevar a la práctica, ya que, además, es una norma "de obligado cumplimiento" por ser de carácter estatal.

"La norma es de obligado cumplimiento, porque las normas estatales deben cumplirse", insistió Mato, quien reconoció, en cualquier caso, que las comunidades que así lo decidan están en su derecho de recurrir el decreto.

A este respecto, no obstante, avisó de que "si alguien no cumple la ley habrá que obligarle a cumplirla y los tribunales están para eso".

Preguntada también por el hecho de que los ciudadanos tengan que pagar parte de las prótesis, sillas de ruedas y el transporte sanitario no urgente que precisen para sus tratamientos, la ministra reconoció que "sin duda supone un esfuerzo económico", pero que ya se hacía, pues la cartera complementaria ya existía.

Lo que hace el decreto en este aspecto, señaló, es homogeneizar la forma de participación de los usuarios en la recepción de estos servicios, hasta ahora con fórmulas distintas como adelanto de dinero, cantidades máximas o mínimas.