En rueda de prensa, señaló, no obstante, que la actuación del Gobierno regional se basará en todo momento en los principios de la legalidad y del diálogo.

Las medidas que ha decidido emprender Cataluña empiezan por llevar al Consejo de Garantías Estatutarias el real decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, para que emita el dictamen preceptivo previo a la presentación de un posible recurso de inconstitucionalidad, puesto que, entiende el Gobierno de Cataluña, invade competencias en el ámbito educativo.

En la enseñanza no universitaria, considera que la nueva norma invade las competencias de Cataluña en cuanto a la determinación de la jornada lectiva del personal docente y al plazo para la sustitución transitoria del profesorado.

El artículo 3 del decreto español, explica, fija una jornada para el profesorado, que hasta ahora determinaba la Generalitat. El artículo 4 incrementa el plazo para la sustitución transitoria del profesorado como consecuencia de las limitaciones de la oferta de ocupación y porque la norma considera que las ausencias cortas no tienen que ser cubiertas con personal interino, sino con los recursos ordinarios de cada centro docente. Hasta ahora lo regulaba la Generalitat en ejercicio de sus potestades organizativas sobre los centros y en relación con el personal docente.

De igual modo, en el ámbito universitario, entiende que los artículos 6 y 7, que modifican la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y la financiación de las becas y la ayuda al estudio, “invaden” competencias propias de Cataluña y son contrarios en las bases del modelo universitario catalán, que tiene como eje fundamental la equidad en el acceso a la educación superior.

En relación con las becas, el Estado sólo cubrirá una parte del coste de para financiar los gastos de matrícula de los universitarios y la Generalitat habrá de asumir con recursos propios el resto del precio de la matrícula. Esto limita, entiende el Ejecutivo catalán, la capacidad del Gobierno para determinar los precios de los estudios, que podría ser contraria a la autonomía financiera garantizada en el Estatuto.

La carga financiera se agrava más porque todavía no se ha hecho efectivo el traspaso de las becas universitarias. Por ello, exige al Estado que el aumento de los precios públicos universitarios comporte un incremento del fondo de becas del Estado.

Por otra parte, la próxima semana el Gobierno catalán abordará el real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que, según dijo este martes Homs, “vulnera igualmente las competencias de la Generalitat”.

Los dos decretos suponen un “laminado” del marco competencial de Cataluña en materia de enseñanza y de sanidad y son “insuficientes”, asegura, para lograr los objetivos de ahorro fijados por el Gobierno español. En Cataluña supondrán, como mucho, un ahorro de 150 millones de euros, el 10 por ciento de lo que había fijado el Gobierno español. En todo el Estado, el ahorro se ha situado en 10.000 millones de euros, afirma.

Por otra parte, el Gobierno autonómico ha acordado encargar al Instituto de Estudios Autonómicos que analice las duplicidades administrativas entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat desde el punto de vista competencial.

El Ejecutivo autonómico comparte la necesidad de corregir las duplicidades entre administraciones para garantizar la eficacia, pero advierte que la ineficiencia proviene de la duplicidad que ejerce el Estado, que mantiene una estructura “claramente sobredimensionada” en competencias ya transferidas cómo son educación, cultura, sanidad, servicios sociales o vivienda.

De igual modo, la Generalitat avanza que “no permitirá ninguna injerencia para desvirtuar” el modelo territorial propio de Cataluña. En este sentido, el Ejecutivo está trabajando en los proyectos de ley de gobierno locales y haciendas locales, que permitirán dotar a los municipios y al resto de administraciones locales de las competencias y la financiación adecuada.

También promoverá un acuerdo del Consejo de Gobiernos Locales para consensuar un posicionamiento compartido ante la posible alteración unilateral del mapa municipal de Cataluña por parte del Gobierno español.

AL CONSTITUCIONAL

Por otra parre, Mas llevará al Tribunal Constitucional todas aquellas iniciativas estatales que según el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias vulneren el marco competencial de Cataluña previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, siempre que no se puedan modificar por la vía de enmiendas.

Explicó Homs igualmente que la acción “recentralizadora del Estado” se materializa también en el “incumplimiento flagrante” de las sentencias que en su día ya dictaminaron la invasión improcedente de competencias. En este sentido, el Gobierno catalán ha encargado al Gabinete Jurídico de la Generalitat enviar un requerimiento formal ante el Gobierno español para que se hagan efectivas todas las sentencias que el Estado incumple con Cataluña.

Es el caso de la transferencia en Cataluña de la gestión, la tramitación, la resolución y el pago de las subvenciones del 0,7% del IRPF para finalidades sociales, que el Estado ha anunciado que no cumplirá, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de diciembre pasado. Otras sentencias favorables en el Gobierno de la Generalitat afectan ámbitos como por ejemplo las becas, los recursos de formación continuada o la territorialización del Estado en materias donde Cataluña tiene competencias exclusivas.

Otra iniciativa es que la Generalitat defenderá sus competencias en materia de medios de comunicación, ante la modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación, que impulsa el Estado para flexibilizar las formas de gestión de los canales públicos de televisión autonómica, y que supone una invasión, a juicio del Ejecutivo autonómico, en las competencias de Cataluña en materia de autonomía financiera y medios de comunicación.

Tanto el Gobierno como la propia Corporación Catalana de Medios Audiovisuales defienden que tiene que ser la Generalitat, de acuerdo con el principio de autonomía financiera, quien fije y regule, dentro de los límites de déficit público permitido, la organización y el sistema de financiación de su servicio público de televisión.

Por último, el impulsará un acuerdo parlamentario para reclamar al Gobierno español que cualquier inversión en infraestructuras incorpore un estudio riguroso de coste beneficio. Y es que, explicó Homs, el único argumento que justifica una inversión en nuevas infraestructuras es su retorno económico, y por lo tanto, social, sobre todo en un momento como el actual en el que los recursos públicos son escasos.

Hace unos meses el Consejo Ejecutivo aprobó las directrices sobre el contenido y el procedimiento de elaboración del informe de impacto presupuestario, económico y social. El objetivo es tener mecanismos de evaluación rigurosos que determinen cuál es el mejor uso de los recursos disponibles, para maximizar la eficiencia y los beneficios sociales.