El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos pidió en este sentido que se vuelva a imputar a Ibarreta y Moreno en la causa, pero solicitó que se deje fuera a los otros cuatro mandos militares que estaban procesados.

Burgos mantuvo esta tesis en la vista que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró este martes para revisar la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de archivar la causa abierta contra seis miembros de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo por las irregularidades en la contratación del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, provocando la muerte de 62 militares españoles.

El representante del Ministerio Público, si bien se adhirió al recurso presentado por los familiares contra el archivo decretado por Grande-Marlaska, limitó la responsabilidad en el accidente a Ibarreta y Moreno, según explicaron fuentes jurídicas.

Burgos afirmó que, más allá del peligro intrínseco en las misiones en el exterior, la actuación de estos dos mandos contribuyó a aumentar el riesgo para la vida los militares. Según el fiscal, Ibarreta y Moreno no tomaron las medidas necesarias para no incrementar ese riesgo.

RESPONSABILIDAD DE LOS PILOTOS

La defensa de los seis mandos militares que estaban imputados, por su parte, aseguró en la vista de apelación que la responsabilidad fue exclusivamente de los pilotos del avión. Negaron por lo tanto cualquier responsabilidad en el siniestro, que atribuyeron a un “error humano” de la tripulación.

Este fue el principal argumento utilizado por Grande-Marlaska, nombrado recientemente presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para decretar el sobreseimiento. El magistrado decidió el pasado 2 de febrero archivar la causa al considerar que los seis militares imputados no tenían capacidad para haber evitado el siniestro y que existe por lo tanto “ausencia de responsabilidad penalmente relevante”.

El entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 señaló en su auto que la responsabilidad es atribuible a la tripulación del avión, “que no estaba preparada”.

FALTA DE CONTROL

Los familiares de los fallecidos, por su parte, pidieron que los seis miembros de la cúpula militar vuelvan a ser imputados al considerar que su actuación, concretada en una falta de control de los aparatos para el transporte de tropas, fue causa directa del siniestro.

Como ejemplo de esta falta de control, subrayaron que en el avión no funcionaban ni el registro de voz de la caja negra ni el sensor de combustible, dos elementos sin los que, según la normativa, se puede despegar.

Las acusaciones destacaron en la vista que la causa del accidente del Yak-42 fue la mala gestión de los mandos militares, así como el recorte del dinero para el alquiler de aviones.

Los familiares aseguraron además que Grande-Marlaska, a la hora de archivar la causa, solo valoró parte de las pruebas y no tuvo en cuenta varios de los informes periciales y de inteligencia aportados al sumario.

MILITARES EXONERADOS

En la causa estaban imputados, además de Moreno Barberá e Ibarreta, el contralmirante José Antonio Martínez, el coronel Joaquín Yáñez y el comandante Alfonso Elías Lorenzo, todos ellos de la División de Operaciones del Emacon.

Por último, Grande-Marlaska imputó el pasado mes de abril al militar Abraham Ruiz López, quien entre los años 2002 y 2003 fue el enlace de la División de Planes del Emacon (el Estado Mayor Conjunto de la Defensa) ante la Namsa, la agencia de la OTAN que subcontrató para España el Yak-42.

Estos seis mandos militares, para los que Grande-Marlaska dictó el sobreseimiento libre, estaban acusados de 62 delitos de homicidio por imprudencia grave por su participación en la contratación del avión.