Boldrin se expresó así durante la presentación de un avance de las conclusiones de un estudio que está elaborando sobre el fraude fiscal en España y los primeros efectos de la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo.

A este respecto, apuntó que pese a que la economía sumergida represente más del 20% en España, mejorando los sistemas de control hasta los niveles de países como Alemania se podría reducir su peso entre cinco o seis puntos, que tendrían ese impacto de entre 1,5 o 2 puntos en el déficit.

Asimismo, indicó que gran parte del fraude procede de las pymes y las empresas familiares, por lo que si se acaba con su fraude se podría destruir la empresa, ya que sobrevive precisamente gracias al fraude. Dichas empresas “marginales”, señaló, suponen entre el 10 y el 15% del PIB.

Para resolver ese problema, Boldrin aboga por medidas que incentiven una mayor dimensión de las empresas, con fusiones y adquisiciones, que permitan ganar tamaño industrial sin afectar al empleo.

Por otro lado, considera necesario un cambio en el sistema de recaudación fiscal que permita bajar el IRPF, para que se incentive la contratación de personal cualificado. Como contraposición, considera que se podría subir el IVA y los impuestos patrimoniales, ya que la carga fiscal española es baja en comparación con otros países como Italia.

Además, defiende que debe eliminarse el Impuesto de Sociedades y la carga fiscal a las transacciones patrimoniales, que además de ser una bolsa de fraude desincentiva el mercado.

AMNISTÍA FISCAL

Sobre la amnistía fiscal, Boldrin advirtió de que “nunca hay que hacerlas porque te matan la reputación”, aunque admitió que “se justifican solo en situaciones bastante dramáticas”.

En todo caso, pidió que “una vez hecha debe haber una dureza ejemplar sobre el que no cumpla”, que estimó en multiplicar las penas por diez.

En referencia a otras medidas tomadas por el Gobierno, dijo que debe ser más agresivo con la facturación por módulos, eliminándola del todo, y cuestionó la limitación del pago en efectivo, porque el coste de controlar que se cumpla hace poco eficiente su aplicación.