Según estos trabajos, en las últimas semanas se han adoptado “medidas regresivas y discriminatorias” en ámbitos como la sanidad, el empleo, la ayuda al desarrollo, la educación o el acceso a la vivienda.

Las ONG expresan una “gran preocupación” ante la reciente reforma sanitaria, con la que “los inmigrantes mayores de edad en situación irregular solo recibirán atención en casos de urgencia y asistencia al embarazo, parto y posparto".

Esta decisión, consideran, “supone un retroceso en más de una década en el acceso a la salud de un colectivo muy vulnerable, y puede incluso poner en peligro su derecho a la vida”.

También denuncian la “desprotección de los trabajadores” que implica la reforma laboral, el problema del desempleo y la falta de atención a las víctimas de la violencia de género.

A su juicio, el Gobierno debe “garantizar el desarrollo de la legislación vigente y fijar unos criterios de servicios públicos comunes a todas las víctimas”, que no se vean afectados por los recortes en el gasto público.

Las ONG critican también las continuas violaciones al derecho a una vivienda digna y exigen acabar con los desalojos forzosos o, al menos, la garantía de un domicilio alternativo.

COLECTIVOS DISCRIMINADOS

Asimismo, expresan su inquietud por los casos de discriminación que sufren colectivos vulnerables como gitanos, personas con discapacidad, homosexuales e inmigrantes.

Según apuntan, esta discriminación obedece tanto a que las víctimas carecen de información y encuentran muchas dificultades para acceder a la justicia como a la ausencia de “una política sistemática de recopilación y seguimiento de estos casos”.

En los informes se lamentan finalmente “los significativos recortes a la cooperación internacional”, y se destaca que el actual retroceso de derechos sociales en España “se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución (donde se consagran como meros principios rectores, en lugar de como auténticos derechos fundamentales) y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente”.

“Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos” resulte complicado, concluyen.

RENDICIÓN DE CUENTAS

En el encuentro participaron miembros de Amnistía Internacional y de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en nombre de las 19 ONG promotoras del segundo informe.

Según explicaron, el motivo de su elaboración fue la comparecencia del Estado español hoy por primera vez en ocho años ante el Comité DESC de la ONU.

Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre las obligaciones contraídas al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por Naciones Unidas en 1966 y ratificado por 160 Estados. El Comité DESC ofrece recomendaciones a los gobiernos, que el Estado debe cumplir antes de su próxima comparecencia.

Los informes de las ONG suponen una visión alternativa a la versión oficial de los países, y en el caso español critican que el Gobierno "se ha limitado a reproducir la normativa suscrita”, cuando España podría estar incumpliendo “compromisos ya adquiridos”.