En rueda de prensa después del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría apuntó que esta iniciativa busca “evitar duplicidades que afectan a la unidad de mercado, que van siempre en perjuicio de los ciudadanos y, lo que es más importante, de la calidad del medio ambiente”.

Preguntada sobre si esta recuperación de competencias se extenderá a otros terrenos, Sáenz de Santamaría insistió en la conveniencia, al menos en lo que a medio ambiente se refiere, de establecer "cuál es la administración competente y evitar duplicidades”.

La norma aprobada hoy deroga así la normativa anterior que permitía a las comunidades autóomas ejercer funciones de policía en los ríos, “sobre todo sancionadoras”, en aquellas zonas comprendidas en su territorio de cuencas hidrográficas que se extienden por varias autonomías.

En una sentencia de 2011, “el Tribunal Constitucional dejó muy claro el principio de ‘unidad de cuenca’”, en referencia a las aguas de un mismo río que transcurren por varias comunidades autónomas, señaló Sáenz de Santamaría.

“Este Gobierno considera que el agua, un recurso además escaso, es un dominio público de todos los españoles”, prosiguió, por lo que, “como estamos hablando de cuencas que afectan a varias autonomías, debe ser el Estado quien asuma todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas”, subrayó.

Tiene que ser “el Gobierno central quien “asuma íntegramente” esta competencia sancionadora, a fin de “evitar duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en el proceso sancionador”, resaltó la vicepresidenta.

Además, agregó, este decreto-ley incorpora directivas de la UE y mejora la gestión de los acuíferos subterráneos, lo que “beneficiará a agricultores, regantes y usuarios”.

Según la vicepresidenta, en él ”se refuerza la potestad sancionadora para quienes causen daños al dominio público hídrico y se regulan de forma mucho más cuidadosa las masas de aguas subterráneas y el estado de las mismas”.

También incorpora una serie de medidas que permiten aprovechar mejor, según el Ejecutivo, los derechos de aprovechamiento privado en estas zonas, a partir de su conversión en concesiones (transferibles a terceros) a cambio de reducir su utilización.

Dicha medida afectará de forma muy especial a las Tablas de Daimiel, apuntó Sáenz de Santamaría, un espacio de “difícil equilibrio” y muy afectado por la sobrexplotación de recursos”.

FACILITA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Sáenz de Santamaría subrayó que el decreto-ley también persigue “la simplificación de procedimientos administrativos que afectan a la unidad de mercado”, y citó a “la gestión de residuos” como “ejemplo paradigmático” de esta complejidad.

“Hasta ahora, un traslado de residuos para su destrucción o recicljae que pasara por distintas comunidades necesitaba permiso y notificación de la de salida y de la de entrada, lo que generaba múltiples dificultades para empresas y usuarios”, explicó.

Por ello, dijo que se modifica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, con el objetivo de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban incertidumbre e inseguridad en su aplicación.

Asimismo, la norma aprobada hoy introduce modificaciones para disminuir cargas administrativas relacionadas con los traslados de residuos y con la obtención de las autorizaciones de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.