Si bien es cierto que la Constitución Española, en su artículo 86.1, recoge la potestad del Gobierno para que, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, apruebe normas con rango de ley como los reales decretos-leyes, esa potestad no permite afectar a derechos fundamentales o al régimen de las comunidades autónomas, señaló el Cgae.

Por lo tanto, prosigue, el Gobierno no puede modificar un estatuto de autonomía por la vía urgente de los decretos-leyes, como se ha hecho con el de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario.

"Un mínimo respeto a la labor legislativa parlamentaria exigiría que la reforma de la Ley General de Salud Pública o de los Estatutos autonómicos se efectuase mediante otra norma con, al menos, idéntica tramitación parlamentaria", sostiene la abogacía española.

Y añade que estatutos de autonomía como los de Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco recogen expresamente la universalización del derecho a la salud y que por ello, cualquier modificación de su contenido debería debatirse y aprobarse en el Parlamento.

El Cgae tampoco entiende "qué es lo que ha cambiado tan radicalmente para que apenas unos meses después de la entrada en vigor de la Ley General de Salud Pública, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, deba derogarse el régimen sanitario universalizado que instauró esa norma" y critica que se legisle "con tanta ligereza" un derecho humano.

La entidad recuerda además que en el derecho a la salud "no cabe la discriminación" y que por ello cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria "en idénticas condiciones".

Así lo establece, explica, la Ley General de Salud Pública en su artículo 6, que afirma, concretamente, que "todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

En el mismo artículo, pero ya en el apartado 3, la norma indica que "la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública".

Es decir, el Estado debe garantizar la atención sanitaria de acuerdo a los recursos existentes, pero bajo ningún concepto puede negar ese derecho ni discriminar en su tratamiento a las personas que se encuentren en territorio español, incluso de forma irregular, ya que el derecho a la salud no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal, insiste el Consejo General de la Abogacía de España.

Y concluye diciendo que la universalización de la atención sanitaria se recoge claramente en la Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño y la niña, entre otros.